El viceministro de Economía y Finanzas, Ricardo Quijano, afirmó ayer que en los próximos meses Panamá podría recibir el grado de inversión por parte de la firma Standard and Poors y de otras calificadoras extranjeras, luego de los ajustes económicos aprobados.
"Las calificadoras en los próximos meses van a tomar una decisión para darnos la categoría de grado de inversión, porque evaluarán todo lo que se ha hecho en el país en materia económica", acotó Quijano.
Precisó que a raíz de la firma de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional las firmas calificadoras cambiarán su panorama del país, porque es un acuerdo positivo.
"Es la primera vez que Panamá da a conocer a la opinión pública nacional e internacional la transparencia de cómo se establecieron estos acuerdos con el FMI donde existió un consenso entre las diferentes corrientes políticas", puntualizó Quijano.
Añadió que otros de los puntos de la política económica que requieren atención es el problema de la deuda externa, ya que se debe buscar una manera para disminuirla.
"Vamos a ver si en el futuro podemos ponernos de acuerdo con todas las facciones políticas y de esa manera buscar un mecanismos para poder bajar la deuda", planteó Quijano.
En torno al tema de que Panamá fue incluida en la lista de los paraísos fiscales, Quijano indicó que la Superintendencia Bancaria y una comisión del Organo Ejecutivo están analizando la legislación panameña para ver cuáles son las fugas que existen.
"Las leyes existentes contienen muchas fiscalizaciones e inclusive la norma que rige la Superintendencia es bastante exigente en cuanto a mecanismos de transparencia", adelantó Quijano.
Manifestó que Panamá tiene todo el deseo de cumplir con los requisitos del Grupo de Acción Financiera (G7), integrado por las naciones más desarrolladas.
A juicio del viceministro, el panorama para el país ha cambiado a raíz de la aprobación del proyecto que autoriza el uso del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), que permite el desembolso en los próximos cuatro años de gobierno de 559 millones de dólares para proyectos de carácter social.