Panama Ports pide solución "amigable"

El gerente general de Panama Port Company, Alejandro Kouruklis, pidió formalmente al Estado panameño examinar las divergencias surgidas tras la firma de un acuerdo entre el gobierno pasado y la empresa, que la exoneró de pagar B/.28 millones anuales, B/.22 millones en impuestos y un 10% de la entrada bruta de todos los ingresos de la compañía.
La petición fue hecha por Kouruklis, a través de una carta enviada al administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Rubén Arosemena, unidad ejecutora del contrato de concesión celebrado con la empresa.
"Solicitamos formalmente al Estado panameño, por usted representado, que en cumplimiento del contrato examinemos estas divergencias de la manera objetiva y amigable que manda dicho acuerdo, con miras a solucionarlas dentro del contexto ya previsto", señaló.
Según Kouruklis, el actual ministro de Comercio e Industrias, Alejandro Ferrer, ha manifestado que el gobierno buscará mecanismos encaminados a revocar la equiparación contenida en la Resolución No.14 de 13 de mayo de 2002, dictada por su antecesor, Joaquín Jácome.
Estas declaraciones al parecer no han caído muy bien para los directivos de la empresa, ya que según Kouruklis por lo antes expuesto, surge la existencia clara de divergencias y conflicto jurídico entre las partes contratantes.
Además de eso, afirmó Kouruklis se deja esbozada la enorme presión política y de opinión pública que se ha venido dando sobre organismos estatales de decisión, como la Corte Suprema de Justicia y el Órgano Ejecutivo.
Sostuvo que ante tal situación y tomando en cuenta que mediante la cláusula 3.4 del Contrato de Concesión de los Puertos de Balboa y Cristóbal, las partes convinieron en su firme propósito examinar, en primera instancia, con el más objetivo y amigable ánimo, todas las divergencias que pudieran surgir entre ellas en relación con el contrato.
Por otra parte, trascendió que entre hoy y mañana el Gobierno remitirá una carta a directivos de la Panama Port Company, enviándoles un mensaje muy claro, de que el actual Gobierno no está de acuerdo con la equiparación.
En este sentido, el adminstrador de la AMP Rubén Arosemena, precisó que el Gobierno proyecta renegociar el contrato con la empresa.
Arosemena, en declaraciones al diario Lloyd List, afirmó que si la compañía quiere más tierras o cualquier otra cosa se podrá discutir, pero tendrá que hacerse bajo los parámetros legales.
Debido a que el contrato establece que la concesión tendrá una duración de 25 años, prorrogable de forma automática por 25 años más, sin contar los cinco años en que se aplicó el acuerdo inicial, Panamá dejaría de percibir mil millones de dólares correspondiente a la renta fija anual, durante los próximos 45 años de concesión.
La solicitud de Panama Ports para que fuera beneficiada con la equiparación fue fundamentada en el artículo 2 del contrato-ley entre el Estado y Colon Container Terminal, firmado en enero de 1996.
Según este contrato, todas las compañías en condiciones similares a este acuerdo, antes y después de entrar en vigor, tendrían derecho a los mismos términos y condiciones en aras de mantener una igualdad en cuanto a la competitividad de todas estas empresas.
Legisladores de la pasada Asamblea Legislativa presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la equiparación que está pendiente de resolver por la Corte Suprema de Justicia.
Hace algunas semanas el magistrado ponente puso a circular un proyecto de fallo en donde dejaba sin efecto la polémica equiparación.