El Gobierno panameño presentó el pasado 12 de agosto, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humano (CIDH), su informe sobre los hechos ocurridos en Bocas del Toro, que culminaron con la pérdida de dos vidas humanas.
El documento, presentado por el embajador alterno de Panamá ante la OEA, José De Jesús Martínez, plantea que durante los disturbios, el Estado “sólo intentó garantizar derechos básicos como el libre tránsito”, sin prohibir u obstaculizar el derecho a protestar.
Panamá reconoce que existe una gran cantidad de personas heridas con perdigones en torso, cara y ojos que, según informes de la Policía Nacional, “la mayoría de los heridos por perdigones en sus ojos se debió a que los manifestantes se agachaban a recoger piedras para lanzarlas”, hipótesis que se espera sea comprobada.
Igualmente, se informó que durante los disturbios se hicieron detenciones ordenadas por el corregidor por alteración del orden público.
Sin embargo, se adelantó que en estos momentos ninguna persona vinculada a los hechos ocurridos en Bocas del Toro se encuentra detenida.
Esta información será ampliada “prontamente” en cuanto se reciba mayor información, que será proporcionada por las autoridades.
El Gobierno “lamentó profundamente” las muertes y heridos producto de estos enfrentamientos.
