Panamá enfrenta el peligro de una sanción de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), por no destruir aún el armamento de este tipo dejado por el Ejército de Estados Unidos en la isla San José.
Una delegación de alto nivel de la OPAQ visitó el país en mayo pasado para recordarle a la Cancillería de la República que Panamá está obligada a cumplir la Convención sobre Armas Químicas que suscribió en 1997.
Este diario hizo reiterados intentos por conocer una explicación de la Cancillería, pero varios funcionarios declinaron hablar sobre el tema.
La OPAQ aglutina a 182 países (con el 98% de la población mundial) y su fin es “librar a la humanidad de las armas químicas”. Para esto, puso en vigencia la convención el 29 de abril de 1997.
En su artículo IV plantea que cada Estado parte destruirá “todas” las armas químicas a partir de los dos años posteriores a la entrada en vigencia de esta norma y tiene hasta 10 años después para terminar esta labor.
Panamá no ha logrado un acuerdo con EE.UU. para que éste asuma la responsabilidad de limpiar las armas químicas que abandonó en San José en la década de 1940, por lo tanto figura como responsable del armamento.
El artículo XII plantea entre las sanciones: restringir los derechos y privilegios que asigna la OPAQ a sus miembros y en caso de que la falta cause un “perjuicio grave”, se recomendarían medidas colectivas a los Estados partes en base al Derecho Internacional.
Armas son de EE.UU. Panamá logró “pruebas fehacientes” de la existencia de armas químicas estadounidenses en San José, mediante la inspección que hizo una delegación técnica de la OPAQ del 12 al 19 de julio de 2001.
El informe final (emitido el 14 de agosto de 2001) “comprobó” que en el lugar hay siete armas químicas abandonadas de origen estadounidense, pero advirtió que la cifra final es desconocida.
Se estima que en la isla pueden existir unas tres mil armas sin detonar, de las 30 mil lanzadas.
Panamá informó a EE.UU. sobre la inspección y le solicitó que acatara la convención.
La Cancillería le comunicó al secretario de Estado, Collin Powell, el 4 de septiembre de 2001, que aplicaría “todas las providencias necesarias” para lograr que la contaminación sea eliminada “de manera expedita”.
Durante los tres años siguientes, Panamá envió notas a EE.UU. exigiéndole que reconozca que dejó armas químicas en su territorio y cumpla con la convención, de la cual también es signatario.
Panamá le pidió que precisara la cantidad de armas en la isla y las destruyera, además de que entrenara a panameños para desactivar las que se hallaran en el futuro.
EE.UU. ha advertido a Panamá que la limpieza de los polígonos de tiro y San José es tema cerrado.
Panamá América no logró que la Cancillería informara las acciones más recientes que ha emprendido para que EE.UU. cumpla con su obligación.
El Dr. Pedro Sittón, quien representó a Panamá ante la OPAQ en el gobierno pasado, señaló que a la actual administración le ha faltado voluntad en este tema.
Afirmó que en 1991 "nadie" en la OPAQ dudaba que Panamá le ganaría esta batalla a EE.UU., pero se produjeron los ataques terroristas del 11 de septiembre, y todo el panorama mundial cambió.
