PANAMÁ ANUNCIÓ anoche que al conocer la inscripción oficial del expresidente salvadoreño, Francisco Flores, como candidato a secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), "prefiere seguir de cerca los acontecimiento, sin comprometer su apoyo a ninguna cantidatura en particular".
Para el Gobierno, lo importante es que la elección del secretario general de la OEA sea el resultado de un amplio consenso en la región, por lo que evaluará las distintas opciones, indica un comunicado de la cancillería.
En el proceso de llegar a una conclusión definitiva, el gobierno se guiará, en todo momento, por lo que indique su interés nacional y la necesidad de fortalecer la OEA, agrega el comunicado.
Este conflicto pone de relieve una interrogante: ¿está siendo minado el sistema judicial panameño por el narcotráfico?
Nadie se atreve a asegurarlo. No mientras no se tengan todos los pormenores, así lo hizo saber el ex magistrado Edgardo Molino Mola.
En tanto, el presidente del Colegio de Abogados, Carlos Vásquez, aseguró que de comprobarse que la justicia panameña está influenciada por elementos del narcotráfico sería muy lamentable y sumamente peligroso.
No obstante, dijo que con la anuencia de la jefa del Ministerio Público están girando una invitación al fiscal de Drogas para saber los detalles del caso.
Pero si bien es un asunto delicado, no es un tema reciente. Ya desde 1997 y basado en un informe presentado por cada país, el periodista e investigador guatemalteco Edgar Celada habla de una narcoactividad en Centroamérica.
Celada señaló incluso que la región pasó de ser una mera zona de tránsito del trasiego de droga a un mercado en sí mismo, en donde cada país cumple una función en esa narcoactividad.
Según el periodista, mientras en Panamá y Costa Rica se desarrolla el lavado de dinero, Honduras, Nicaragua y Guatemala destacan por la extensión de la producción.
Sin embargo, eso no es todo. El documento también recalca la incidencia corruptora del narcotráfico en los sistemas judiciales, señalando que en Panamá el problema probablemente sea uno de los más graves pues, "según indicios, la corrupción alcanzaría a altos niveles de la magistratura".
De ser así, en Panamá tendríamos que vernos en el espejo de los vecinos. En Colombia las ganancias del ilícito han corrompido a funcionarios del sector público y privado, lo que ha vulnerado la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
No en vano en Colombia se habla de que los jueces fueron maniatados de pies y manos debido al pago de favores a que se acostumbraron. Esto, sumado a la filtración de información, a las amenazas y las intimidaciones, así como a la falta de protección, prácticamente paralizó su ejecutoria.
