“Panamá tiene en estos momentos la cifra de privados de libertad más alta de su historia”, aseguró a El Panamá América el primer adjunto del defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, al indicar que a la fecha son 11 mil 323 detenidos.
Los números, añadió, muestran la tasa per cápita más elevada de Latinoamérica en base a una población total de 2.8 millones de habitantes.
A su juicio, se trata de una consecuencia obvia de la criminalidad, tal como quedó demostrado en el Censo de Población Penitenciaria que llevó a cabo la Defensoría en todos los centros penales del país, cuyos resultados serán presentados hoy.
El censo se efectuó luego de que la Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos obtuvo un contrato de financiación con la Comunidad Europea para llevar adelante el “Proyecto de Apoyo a la Modernización del Sistema Penitenciario panameño”.
Se estableció la obligación de tener una contraparte local, por lo que fue escogida la Defensoría del Pueblo, que con ello “obtuvo la responsabilidad de aplicar un censo que por primera vez se realiza en Panamá a la totalidad de la población penitenciaria y con perfil psicosocial”.
“Con ese censo se podrán definir políticas públicas para atender de manera científica el fenómeno de la criminalidad”, consideró Vargas.
Aseguró que además de la salud, el Gobierno debe enfatizar en la capacitación previa a la salida del recluso de la cárcel.
“Un 90% (de los presos encuestados) denunció no haber recibido adiestramiento, lo que incide directamente en su reincorporación efectiva a la sociedad”, mencionó.
"Después de muchas quincenas la otra vez me tocaban unos B/.60 y a mis manos llegaron apenas unos dolaritos", sentenció otra de las consultadas. Y es que sobre la base del porcentaje detallado por Castillo y tomando como ejemplo esta cantidad, esta mujer en específico recibiría unos B/. 18.
Su disgusto, según revelan, no es ahorrar o destinar su dinero para una "libreta de la Caja de Ahorros", como se les ha dicho, por el contrario, lo aprueban, "pero jamás se nos consultó y cómo hacemos las que no tenemos familia".
"Nuestras pagas pasan por Corrección y por una serie de procesos muy largos antes de llegar a nosotras", sostuvo una en tono enérgico, al tiempo que dio gracias a Dios por estar a punto de cumplir su pena.
Una detenida de nacionalidad colombiana, por su parte, dijo estar resignada. "Tengo más de cinco años aquí y es mejor eso a nada". El Panamá América recibió unas denuncias en las que un grupo de reclusas se queja porque tiene que pagar por el mantenimiento del penal y además se les cobra por ser trasladadas a determinados hogares.
La queja radica en citas médicas retrasadas, abusos de las custodias y desatención de la población con enfermedades terminales o contagiosas, aunque se solicita la discreción en las identidades para evitar represalias.
Por su parte, la subdirectora Castillo aduce que muchas veces se trata de denuncias que provienen de muchachas con comportamientos inadecuados, pero en todos los casos se les da la libertad para expresar ante las autoridades correspondientes su disconformidad, tal como se hace con la Defensoría del Pueblo que visita periódicamente las instalaciones.
Castillo coincide con el primer adjunto del Defensor del Pueblo, para quien la capacitación debe ser fundamental en el proceso de resocialización del detenido. Así se ejecuta una política moderna criminológica que se basa en modelos europeos de modificación de conducta. "En ese sentido estamos desarrollando actividades en lo religioso, académico, expresiones artísticas y lo formativo".
Se imparten cursos de modistería, belleza, adicional a estudios que se adelantan para solicitar la presencia de la escuela secundaria en el penal, luego que se detectara que es lo que se requiere por el nivel académico de las internas y no la educación básica como se ha hecho a la fecha.
