Panamá tiene sed de justicia, Torrijos

El presidente Martín Torrijos reconoció ayer que existe una "sed de justicia", pero que las denuncias de corrupción e irregularidades durante el pasado gobierno se irán investigando y sancionando en la medida que vayan apareciendo.
Sostuvo que no es el Organo Ejecutivo el que investiga ni mete preso a nadie, por lo que procederán como señala la Constitución y la ley, en las investigaciones contra el pasado gobierno.
"Entiendo que existe una sed de justicia, pero tiene que hacerse dentro de los parámetros y las leyes, y sin provocar persecuciones donde no se pueda comprobar que existió delito", enfatizó.
Mencionó que hay algunos procesos que deben iniciarse en la Contraloría, por lo que ya se le hizo traslado de distintas instituciones, donde se presume hubo irregularidad, no obstante, será esa instancia la que lo determine, al igual que los expedientes que lleve el Ministerio Público.
"En la medida que se vayan detectando anomalías se irán presentado, pero vamos a apegarnos a lo que establecen las leyes y los procedimientos, y en base a eso, actuaremos, yo no hago auditorías, no soy el contralor", recalcó el mandatario Torrijos.
Aseguró que ya el contralor Alvin Weede tiene en sus manos algunas solicitudes de ministros para que se investiguen varios procedimientos y determinar cómo se manejaron algunas donaciones que se hicieron de gobierno a gobierno, a través de fundaciones que administró el gobierno pasado, "pero hay que tener paciencia", concluyó.
De igual forma, dejó claro a través de una certificación del Ministerio Público que no ha sido investigado, ni llamado a juicio y no se le han formulado cargos por la comisión de delitos contra la administración.
Además de Luciani, fue ratificado anoche el director del Instituto Nacional para la Formación Profesional (INAFORP), Juan Planells.
A finales de este año el déficit operativo de la CSS superará los 45 millones de dólares, según algunos economistas independientes.
De acuerdo con cifras oficiales, en el segundo trimestre el déficit del programa de pensiones y jubilaciones alcanzó $2,973 millones.