Autoridades panameñas y de Estados Unidos se reunieron en Panamá para evaluar la aplicación de algunas medidas y acciones dirigidas a prevenir y sancionar la trata y explotación sexual de personas y proteger a las víctimas de este ilícito.
Para la vicecanciller, Nivia Rossana Castrellón, es inadmisible e inaceptable que en pleno siglo XXI se utilicen a las personas como mercancía, por lo que autoridades de ambos países han decidido adelantar una labor interinstitucional para combatir este flagelo tan difícil de identificar.
Indicó que el tema es prioridad en la agenda de gobierno, por lo que desde el año 2000 se desarrolla una política de Estado en lo que concierne a la persecución y combate de un delito tan complejo como la trata de personas.
Sostuvo que Panamá desarrolla políticas de prevención, protección y sanción contra este flagelo, además de complementar con una estrategia de cooperación internacional de suscribir mecanismos multilaterales y bilaterales para tal fin.
En la reunión participó la fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Bárbara Martínez Wright, quien agradeció la participación del equipo interinstitucional.
"Una experiencia incomparable", dicen ambos y mejor aún, se logra luego de que "existieran ciertas aprehensiones porque pensábamos que no funcionaría".
Los resultados son notorios y los hermanos lasallistas quieren que el asunto no quede allí, por lo que actualmente se estudia la construcción de otro colegio gratuito, esta vez en Tocumen, eso sí, con iguales requisitos: escasez de recursos de quienes a él ingresen.
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