Un Acuerdo de Conversión de la Deuda Externa entre la República de Panamá y Estados Unidos por un monto de diez millones de dólares (B/.10 millones), a cambio de inversión en naturaleza aprobó el Consejo de Gabinete.
El acuerdo consiste en inversión en naturaleza a través de la Ley de Conservación de Bosques Tropicales (TFCA) de Estados Unidos, y con la Organización No Gubernamental The Nature Conservancy.
Para ejecutar el convenio se autoriza la suscripción y constitución del Acuerdo de Fideicomiso bajo el cual se incorpora un Fondo Especial, receptor de los recursos que generaba el servicio de la deuda externa seleccionada, para promover la preservación de la naturaleza.
Así como también, se autoriza la creación de un Comité de Supervisión, el cual lo integrarán cinco miembros, entre ellos un representante Permanente del Gobierno de la República de Panamá; un representante Permanente del Gobierno de Estados Unidos; un representante Permanente de la Organización No Gubernamental estadounidense The Nature Conservancy (TNC) y dos representantes Rotativos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG"s).
Además, se aprobó una partida de B/.6 millones para culminar los trabajos de remodelación del Santo Tomás, la cual está sustentada en la Resolución de Gabinete No. 076-03 de 8 de julio de 2003, por medio de la cual se autoriza un crédito adicional al Presupuesto General del Estado, para la vigencia fiscal de 2003 a favor del Ministerio de Salud.
Se informó que los recursos tienen como fuente de financiamiento los ingresos provenientes del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), implementado en la última reforma tributaria.
Destaca el informe que para asegurar la adecuada defensa de la libertad de expresión, los Estados deben reformar sus leyes sobre difamación, injurias y calumnias en forma tal que sólo puedan aplicarse sanciones civiles en el caso de ofensas a funcionarios públicos.
La Relatoría reitera que Panamá todavía no ha adecuado sus leyes sobre privacidad y la protección del honor y la reputación conforme con los principios de la distinción entre las personas públicas, las personas privadas y la real malicia.
Sostiene que el Gobierno ha dejado abierto el debate de la despenalización o no de los tipos de calumnia e injuria y ha promovido el estudio de este controvertido tema, dejándolo en manos de una Comisión Técnica, de la cual estará muy atento la Relatoría.
Considera que las estadísticas de periodistas procesados demuestra la utilización de la legislación sobre difamación y libelo para silenciar críticas contra la administración de los asuntos públicos. De los 90 casos contra periodistas o comunicadores se dictaron sentencia de condena en 13, absoluciones en 6, sobreseimientos en 23 y en 5 casos, el denunciante desistió.
Otra de las preocupaciones de la Relatoría es algunas restricciones del Tribunal Electoral como el artículo 178 del Código Electoral que establece la prohibición de publicar las encuestas diez días antes de la elección o consulta electoral. Así como también, que las encuestas deben ser previamente registradas ante el Tribunal Electoral antes de ser divulgadas públicamente.
Al respecto el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Marcos Castillo afirmó que hará un llamado al Organo Ejecutivo, Legislativo y dueños de medios para ver como se confecciona un proyecto de ley que derogue las leyes restrictivas a la libertad de expresión, pero a su vez que vaya acompañado de una norma que regule la profesión del periodista.
"Vamos a ver como se hace una cosa equitativa e integral en el Consejo Nacional del Periodismo donde también están representados los dueños de medios y esto sea presentado al actual Gobierno o al próximo", anotó.
Indicó ojalá el Ejecutivo y Legislativo empiecen a revisar las leyes vigentes para eliminarlas y cumplir así la deuda que tienen con el país.
"El Gobierno y Legislativo deben ponerse al día con el tema de la libertad de expresión, así como se preocupan por las regulaciones de las Instituciones Financieras Internacionales que también lo hagan en materia de libertad de expresión", señaló.
Por su parte, el catedrático Miguel Antonio Bernal apuntó que el informe es positivo y contribuirá que las autoridades y la ciudadanía en general respete más la libertad de expresión.
Sentenció que el Gobierno mantiene una persecución contra los periodistas, porque hay más de 90 periodistas condenados y no ha cumplido con la derogación de las leyes que se convierten en una restricción para el ejercicio del Periodismo.
Exhortó a todos los ciudadanos a que vigilen que exista una plena libertad de expresión en el país y no se dejen intimidar, sino que sigan denunciando a los funcionarios.
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