Tres trabajadores panameños despedidos tras la privatización de empresas estatales en 1990, cumplieron ayer el sexto día de una protesta ante la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDH), para reclamar el cumplimiento de una condena emitida el año pasado contra el Estado.
Rolando Gómez, de 47 años, Javier Muñoz (62) y Erick González (42) se instalaron desde el miércoles pasado en las afueras de la CDH, en la zona este de la capital, para "presionar" a los magistrados de la corte, pues consideran que Panamá ha desacatado la sentencia, emitida en febrero del 2001.
"El gobierno está manipulando esto de una manera increíble", declaró a la AFP Gómez, quien explicó que la administración de la presidenta Moscoso "ha hecho una interpretación arbitraria del fallo de la Corte Interamericana" y ha fijado sus propios parámetros para no exonerar a las víctimas.
Según los manifestantes, el gobierno de su país ha desacatado la sentencia de la CDH -que ordenó a Panamá la reinstalación y pago de indemnizaciones a los trabajadores- y el propio tribunal no ha actuado para hacer cumplir la sentencia.
"El problema es que el gobierno ha dicho que los trabajadores, como no estaban bajo legislación laboral en esa época, no tienen derecho a una indemnización. Además, no quiere actualizarnos las cuotas obrero-patronales del seguro social y quiere cobrar gravámenes sobre los montos de las indemnizaciones", declaró Gómez.
El manifestante dijo que han pedido a los magistrados de la CDH un pronunciamiento que respalde su reclamo, así como "la convocatoria a una audiencia de cumplimiento de sentencia", explicó, por su parte, Erick González.
Los trabajadores forman parte de más de 200 despedidos en virtud de la llamada Ley 25, adoptada por el Congreso panameño en 1990 por el entonces gobierno del expresidente Guillermo Endara, donde se les acusaba de atentar contra la seguridad del Estado.
El pasado miércoles, los trabajadores enviaron una carta al presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, en la que aseguraron que "a 124 días de desacato, (la CDH) guarda silencio, y, por otra parte, (las autoridades panameñas) no han reintegrado a ningún trabajador a su puesto de trabajo".
"Por el contrario, están eliminado a los servidores públicos de la etapa de resarcimiento a través de una interpretación antojadiza de la sentencia", afirmó el grupo.
La CDH celebró su LV periodo ordinario de sesiones del entre el 6 y el 24 de junio pasados, por lo que los trabajadores panameños esperan recibir una respuesta de los magistrados a sus peticiones durante la tarde de este miércoles.
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