El presidente de la confederación Episcopal Panameña y arzobispo de la diócesis de David, monseñor José Luis Lacunza, consideró que todos deben pensar seriamente sobre la situación delictiva en que se encuentra sumido el país.
Dijo "que hay muchos negros nubarrones que nos pueden afectar con respecto a la injusticia y la corrupción", lo cual para evitar que prosperen dependen del apoyo que impriman todos y cada uno de los panameños.
Expresó que todo ello es nuevo, pues hasta hace poco nuestra sociedad vivía en un paraíso terrenal en el sentido de que no habíamos palpado los efectos del crimen organizado y todos los demás actos delictivos.
Señaló que no siempre la corrupción es parte del crimen organizado, sino más bien el primero se vale para operar de manera abierta y deliberada, pues tiene muchas fuentes.
Indicó que en la actualidad estamos amenazados por muchos problemas, y el crimen organizado se vale de muchos mecanismos modernos para funcionar. Por ello, apuntó, sería conveniente que "pusiéramos las armas en remojo" y comenzar a prevenir antes que tener que lamentar. Las declaraciones de Lacunza se dieron luego que el procurador de la nación, José Antonio Sossa, señalara que los niveles de corrupción que existen actualmente amenazan el país.
De acuerdo con el Dr. Eloy Gibbs, quien desde hace 15 años se desempeña como director de Salud Radiológica de la Caja de Seguro Social, desde 1995 se ha advertido por escrito que el Instituto Oncológico Nacional no posee los protocolos adecuados ni la preparación del personal idóneo: físico- médicos.
Gibbs citó el informe de la entidad internacional de Energía Atómica que determinó que el equipo que se tenía sólo podía usarse con 4 bloques; sin embargo, se introdujo un quinto bloque y el manual no lo acepta, además se debe digitalizar en equis dirección. Aparentemente, pareciera que no habían leído el Manual de TPS, indicó Gibbs. Alguien adoptó otro procedimiento; el equipo no lo podía ejecutar y ocurrió el accidente. Según Gibbs, tanto la Clínica Paitilla como San Fernando cumplieron con sus manuales de procedimiento. El ION hizo su Manual de TPS post accidente; ahora tienen un TPS nuevo para trabajar con los aceleradores lineales: les hemos solicitado que redacten el manual de TPS.
Al respecto, el directivo mostró un voluminoso manual superior a las 250 páginas que fue preparado anteriormente y que es el que debe prepararse ahora; lo que el Oncológico entregó- como Manuales- son cuadros con valores de tolerancia. Esos no son procedimientos.
Anteriormente lo hicieron, advirtió Gibbs, pero del TPS viejo; necesitamos el nuevo procedimiento y hasta la fecha no lo han entregado.
Al ser interrogado sobre la posibilidad de trabajar conjuntamente para elaborar el nuevo manual, autoridades del Instituto Oncológico y departamento de Salud Radiológica de la CSS, Gibbs se limitó a contestar: "Anteriormente lo hicieron y está bien hecho". Otro problema señalado por Gibbs es que el Manual fue preparado por equis persona y cuando se le llamó para su sustentación -porque no fue él quien lo hizo, sino el encargado- no podía seguir el procedimiento porque ni conocía el equipo. Todo esto está documentado. Tanto el doctor Barés como Morales tienen copia del informe. ¿Por qué no lo podían hacer?
Gibbs se refirió a la Resolución No. 4 de 20 de enero de 2000 que indicaba los requisitos del perfil del físico médico con mayor rigurosidad. Según Gibbs la carrera de físico médico no se imparte a nivel de licenciatura, sino a nivel de maestría y doctorado. Posterior al accidente el Ministerio de Salud- y tomando en cuenta que no hay suficiente personal en la especialidad- se emitió la Resolución No. 309 de 7 mayo de 2003 que indica que el personal que trabaja como físico médico debe poseer- entre otros requisitos- con especialización en radioterapia: sus principales atribuciones son: " profesional dedicado a efectuar los cálculos físicos, calibraciones, planificación y planeamiento de los tratamientos e instalaciones, que deberá tener título universitario superior en ciencias básicas, preferiblemente física e ingeniería, mínimo en grado académico de licenciatura. Además deberá poseer entrenamiento práctico como físico médico en radioterapia clínica, por un período no menor de un año, en un centro nacional o extranjero y con la supervisión de un físico médico especializado".
Hay dos físicos en el Oncológico, con título de maestría, pero la radioterapia no es su especialidad, destacó Gibbs. Todo está documentado. Al ser cuestionado sobre los problemas de falta de personal idóneo en radioterapia, Gibbs destacó que hay personal nacional y extranjero con títulos idóneos que desean trabajar en el ION. Desconoce por qué no se les contrata.
"Yo sólo hago recomendaciones al director general de Salud. Todo está en manos del Dr. Barés", explicó Gibbs. "Si él lo exige, lo hacen, porque lo pueden hacer. Hay una rebeldía allá adentro", advirtió. Reconoció Gibbs que elaborar el manual de procedimientos demorará algún tiempo. ¿Cuánto? Dependerá de la experiencia de ellos. Gibbs confesó que todos le culpan a él por los problemas ocurridos a raíz del accidente. Al respecto mostró la carta (29 de julio de 2003) dirigida a las autoridades en las que indica "que es evidente la pertinaz persecución al departamento de Salud Radiológica por parte de funcionarios del Ministerio de Salud y del ION". La carta también solicita que sus tareas y responsabilidades regulatorias sean transferidas a otros funcionarios del Ministerio de Salud. Ante las dudas sobre su idoneidad profesional mostró la Resolución CT 70 de febrero de 1993, que certifica su Doctorado PHd (Radio Física Salud Radiológica).
Debo exigir calidad ya que si ocurre de nuevo un accidente ¿A quién llevarán preso? Me reprocharán haberles otorgado la licencia, sin contar con los requisitos técnicos.
Finalmente, Gibbs reconoció que hasta la fecha el Instituto Oncológico Nacional no tiene la licencia de autorización para brindar tratamiento a través de la unidad de cobalto que funciona en las antiguas instalaciones.
Familiares y pacientes del Oncológico aseguraron que la situación los obliga a adoptar medidas de fuerza para exigir su tratamiento antes de que sea demasiado tarde.
