San José, Costa Rica. Con mantas, cartones, cuerdas, colchas y pancartas, tres ex trabajadores estatales panameños instalaron un rancho ante el portón principal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la capital costarricense, para rechazar una oferta del gobierno de Panamá sobre el finiquito financiero de un lío laboral que estalló en 1990.
La protesta es protagonizada por Javier Muñoz, de 69 años y ex empleado del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (IDAAN), Érick González, de 49, y Rodolfo Vence, de 51, ex trabajadores del ya privatizado Instituto de Recursos Hidráulicos y de Electrificación (IRHE). Muñoz se declaró en huelga de hambre el 27 de enero.
Los tres tienen respaldo de otros 12 panameños y son el remanente de un largo conflicto que surgió en 1990, cuando el entonces presidente de Panamá, Guillermo Endara, logró que la Asamblea Nacional emitiera una ley retroactiva para cesar a 270 funcionarios a los que se acusó de estar presuntamente ligados a un intento de golpe de Estado de Eduardo Herrera, quien era jefe de la Fuerza Pública.
"Rechazamos el acuerdo unilateral que, sin consultar a las partes, el gobierno sometió a la Corte en noviembre del 2008", dijo González a Panamá América en el sitio de la protesta. "En febrero del 2001, la Corte condenó a Panamá a ofrecernos alternativa de trabajo en las mismas condiciones en que fuimos despedidos, a pagarnos salarios caídos y demás derechos o a liquidarnos e indemnizarnos", agregó.
Según González, si firman y aceptan el dinero, dan el caso por cerrado y violaría la sentencia de la Corte. Cabe destacar que dos terceras partes de los trabajadores aceptaron recibir la indemnización que planteó el Gobierno.
