Más de un tercio de la población no tiene acceso a niveles mínimos de instrucción, mientras que la mayor parte de los que sí tienen acceso reciben una educación de muy baja calidad, revela un informe de la Comisión Centroamericana para la Reforma Educativa que tiene como lema "Mañana es muy tarde".
El análisis de la comisión señala que el desarrollo educativo de Centroamérica, Panamá y República Dominicana está rezagado con respecto a América Latina, que de por sí sólo está por debajo del índice mundial.
De acuerdo con la comisionada del organismo en Panamá, Nivia Rossana Castrellón, es necesario jerarquizar el sistema educativo a nivel de política de Estado, donde se logre la integración de todos los sectores involucrados en su desarrollo.
Sostuvo que para mejorar el sistema educativo panameño se requiere un "compromiso de todos", de tal manera que se le dé un enfoque técnico y científico.
Indicó que la educación debe ser una herramienta transformadora de la sociedad, y reforzar los niveles primario y secundario para lograr un producto óptimo en la universidad.
Enfatizó que los países deben aportar más del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación e incorporar un sistema de medición de los resultados para que exista eficiencia.
Señaló que están trabajando en la primera fase intersectorial con la ayuda de facilitadores para ver cómo se aplican estas reformas en el país.
Entre los puntos planteados para mejorar el sistema de enseñanza por la Comisión Centroamericana para la Reforma Educativa que hoy se reúne en Panamá, están transferir a los padres de familia, a los docentes y a la comunidad una amplia cuota de responsabilidad en el manejo del sistema educativo y en la administración de la escuela.
De tal manera que se convierta a cada escuela o grupo de ellas en organizaciones dotadas de una cultura propia y de sentido de misión y visión, así como autonomía para administrar sus recursos y responsabilidad ante los usuarios por sus resultados.
También se establece aumentar la inversión pública en educación a un mínimo de 5% del PIB de cada país, destinando casi la totalidad de dicho aumento a la educación primaria y secundaria.
Incrementar en forma dramática los recursos asignados a la educación básica, ya que la inversión educativa total de los países analizados continúa siendo inferior a los índices de otras regiones.
La comisión recomendó renovar la profesión docente estableciendo incrementos salariales ligados al desempeño profesional, mejorando la calidad en la formación inicial y promoviendo la capacitación.
Sostiene que las políticas laborales salariales y de incentivos suelen privilegiar la antigüedad en el servicio y la presentación de credenciales académicas, y no al desempeño en la labor docente.
Ante esta situación, se plantea la necesidad de reformar los estatutos legales que permitan vincular estos incrementos al desempeño docente y a los logros en el rendimiento de los alumnos.
El organismo establece la creación de estándares comunes y ampliamente consensuados, que orienten la labor educativa, así como también un sistema unificado de medición de su cumplimiento y amplia divulgación de sus resultados.
Reitera que ningún país ha logrado avances significativos sin ampliar su cobertura educacional y mejorar sus escuelas.
Hasta la fecha, la mayor parte de la gestión educativa ha estado en manos de los gobiernos, que la han ejercido en forma predominante, centralista, burocrática y politizada. La mayoría de los ministerios de Educación deciden sobre la construcción y equipamiento de las escuelas, la contratación y políticas de personal, la dotación de libros, los planes académicos y las evaluaciones, entre otros aspectos académicos como administrativos.Detalla el informe de la comisión que los ministerios de Educación tienden a ser instituciones de crecimiento amorfo y sobrecargadas de funciones, cuyos presupuestos y volúmenes de personal relativamente altos son manejados con criterios de rendimiento muy por debajo de los que emplearía una corporación privada.
El diagnóstico de la comisión agrega que el docente del sistema público recibe todos los meses una remuneración que suele ser independiente de su puntualidad y asistencia a las clases y del aprendizaje de sus alumnos.
La mayoría de las legislaciones vigentes hacen virtualmente imposible, o muy difícil, despedir a un docente. Por otra parte, el activismo y poder de algunos sindicatos hace muy cautelosas a las autoridades educativas en sus intentos por hacer las reformas necesarias.
