Los fiscales superiores del Ministerio Público advirtieron ayer que miembros de pandillas organizadas han realizado amenazas a testigos en casos homicidio, por lo que se requiere la aplicación de un programa de protección a testigos.
De acuerdo con los fiscales Maritza Royo, Geomara de Jones y Dimas Guevara, el 68% de los procesos por homicidio terminaron en condenas y 32% de los reos fueron absueltos, pero que en algunos casos en los que fueron procesados pandilleros se detectó que algunos testigos fueron amenazados.
En ese sentido, la fiscal Segunda Superior, Geomara de Jones, reveló que desde hace cuatro años se ha detectado una tendencia por parte de las pandillas a cometer crímenes más violentos y con más saña, por lo que se requiere la aplicación de sanciones más duras.
La funcionaria de instrucción detalló que la falta de seguridad para los testigos en ocasiones perjudica el desarrollo de las investigaciones judiciales por el temor de algunos de sufrir ataques o represalias por sus testimonios.
A la vez detalló que hasta el pasado noviembre a los despachos superiores ingresaron 1,197 casos, de los cuales egresaron 1,080. De esa cifra, en 166 se solicitó llamamiento a juicio, 35 sobreseimiento provisional, 27 sobreseimiento definitivo y a 400 se les aplicó el principio de oportunidad.
También se convocaron 234 audiencias, de las cuales 152 se realizaron y 82 fueron pospuestas. Dentro de este gran total se produjeron 130 condenas, 62 absoluciones y dos se encuentran pendiente de fallo por parte de los tribunales.
Por otra parte, se estableció que en una gran cantidad de los procesos se aplicaron las penas más severas, que van de los 15 a 20 años de prisión.
En ese sentido, el fiscal Cuarto Superior, Dimas Guevara, reveló que en el caso del sacerdote Pedro Hernández Rabadán, inicialmente condenado a la pena de nueve años de prisión, se presentó una apelación para que sea sancionado a una pena más severa.
Rabadán fue condenado a los nueve años por el delito de tráfico de drogas, pero quedó exento de responsabilidad por la muerte de la menor Eva Góngora, quien ingirió cocaína líquida que se encontraba camuflada en envases de jugos que eran comercializados por el ex sacerdote.
