El proceso para resolver las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la resolución emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) que equipara el contrato de la empresa Panama Ports y elimina la anualidad variable que la empresa debía pagar al Estado por la explotación de los puertos de Balboa y Cristóbal, se encuentra estancado.
Una fuente judicial confirmó que la demanda aún se encuentra en el proceso de notificar a uno de los abogados sobre la decisión de la sala de no ordenar la suspensión provisional de la resolución emitida por el MICI.
Explicó que esto indica que los magistrados aún no han entrado a resolver el fondo de la demanda para determinar si la resolución emitida por el MICI contraviene algunos artículos de la Constitución Nacional. También detalló que esto puede sugerir la extensión por varios meses del trámite de las demandas presentadas por la equiparación del contrato emitido a favor de Panama Ports.
En la resolución emitida por el MICI se establece que Panama Ports Company dejará de entregar unos B/.22.2 millones anuales al Estado en concepto de renta permanente y variable, que se había establecido en el contrato ley suscrito en enero de 1997.
Panama Ports solicitó al MICI la equiparación de su contrato a los reconocidos a la empresa Colon Container Terminal S.A. firmado en 1996 y a los otros operadores portuarios que se establecieron en Panamá antes de la firma del documento.
Según los denunciantes, con la decisión asumida por el MICI el Estado sólo estará percibiendo unos B/.2 millones anuales en concepto de renta por el movimiento de carga bruta que anualmente ejecuta Panama Ports.
El contrato suscrito entre Panama Ports y el Estado tiene una vigencia de 45 años y según los cálculos realizados, en ese lapso se dejará de percibir cerca de mil millones de bal- boas por la resolución emitida por el MICI.
El caso de la atención médica , si bien las consultas no están gravadas, pero si un médico alquila un consultorio para ofrecer su atención, el alquiler sí está gravado, lo que lo llevará a sufrir un aumento en sus costos que trasladará al paciente.
Básicamente todo está gravado excepto los servicios médicos, alquileres de viviendas, servicios educativos, transporte público, telefonía fija, generación y distribución de energía, el correo estatal, los seguros y reaseguros.
