Para el Gobierno no hay marcha atrás en la decisión de que el Parlamento Centroamericano (Parlacen) debe desalojar el edificio que ocupa en el área revertida y que es propiedad del Estado panameño.
Ayer, la secretaria ejecutiva de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), Liriola Pittí, envió una carta al canciller, Juan Carlos Varela, reiterándole que el Parlacen no tiene derecho a prórroga de su contrato de alquiler y que mucho menos puede reclamar un arbitraje, porque el contrato de arrendamiento está vencido desde 2008.
“Un arbitraje adolece de toda base jurídica...., ya que los derechos y obligaciones que dimanaban del contrato que venció en 2008 se extinguieron; pues el mismo no surte efectos en el mundo jurídico”, sostuvo Pittí.
También señaló que el Parlacen no tiene derecho a prórrogas automáticas del alquiler de esta propiedad, ya que la figura no existe en el derecho administrativo público.
El presidente del Parlacen, Dorindo Cortez, indicó que se resistirán al desalojo y que por el momento lograron pagar el alquiler del local hasta julio.
