El ex contralor general José Chen Barría dice que el uso que le da el presidente de la República a los fondos de la Partida Discrecional no pueden ser auditados previamente, ya que entonces dejarían de ser discrecionales.
Agregó que el uso que se le da depende de una decisión unilateral del presidente de la República, ya que los auditores "de la contraloría no pueden decirle a un presidente que gastos están o no autorizados.
Chén Barría, quien ejerció el cargo de contralor durante la administración de Guillermo Endara, dijo que a pesar de no ser fiscalizado previamente, el presidente debe informar en que se gastó el dinero.
Recordó que la ley le permite a la Contraloría tres instancias de control de los dineros públicos, siendo ellos: el previo al uso de los fondos; el "concomitante" que se da durante el proceso de compra y el control posterior.
Chen Barría aclaró que el informe de finiquito mediante la cual se ha auditado una cuenta no cierra la posibilidad de que cualquier contralor general realice un nuevo audito.
Aunque el informe dice que todo está correcto, el contralor está facultado para revisar la documentación si así lo requiere, porque el informe de finiquito "no es un paz y salvo".
Barría sostuvo que durante su gestión, la Contraloría General auditaba anualmente el uso que le daba Endara a los dineros de la llama da cuenta discrecional.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Jacobo Salas, opinó ayer que como lo dispone la ley, las asignaciones globales de la Presidencia de la República o las partidas discrecionales pueden ser utilizadas de la forma en que decida el mandatario de la República, sin que esto se constituya en un acto ilegal.
Salas dijo que si en el caso del expresidente Ernesto Pérez Balladares, éste decidió utilizar estos fondos para pagar el viaje de algún legislador al extranjero o cancelar algunas deudas de los legisladores suplentes, eso no quiere decir que haya sido un acto ilegal.
Indicó que si bien es cierto, la Asamblea Legislativa tiene su propio presupuesto que se maneja separado al de la Presidencia de la República, no quiere decir que haya nada ilegal en que el mandatario decida pagar algunas cuentas pendientes de los legisladores.
Las declaraciones del presidente de la Asamblea surgen en respuesta a una publicación divulgada ayer por este medio, según la cual el expresidente Pérez Balladares utilizó parte de su partida discrecional para pagar el viaje de un legislador oficialista y cancelar algunas deudas registradas por los legisladores suplentes de ese entonces.
Salas mencionó que a pesar de que estos gastos son discrecionales, la Contraloría General de la República tiene entre sus funciones fiscalizar el uso que se le da a este dinero.
Entonces si algún ciudadano o medio de comunicación está interesado en conocer la forma en que Mireya Moscoso o cualquier otro mandatario ha utilizado estos fondos, que se presente a la Contraloría de la República y solicite las explicaciones del caso.
Lo importante es que los fondos hayan sido utilizados en el marco de lo que establecen las leyes y la Constitución Nacional para la disposición de los dineros del Estado.
En el caso que el uso de este dinero se haya dado en el marco de lo que establecen las leyes entonces no hay nada que cuestionar.
Mientras tanto, el ex director de Ingresos, Rolando Mirones, sostuvo que el término discrecional no significa "que voy a hacer lo que quiera con ese dinero, y que nadie debe saber en qué fue utilizado".
La mayoría de los panameños desconocen en qué los presidentes utilizan estos millones de dólares, acotó. Lo cierto es que el presidente de la República debe tener la responsabilidad suficiente para poner como administrador de esos fondos a una persona que sepa distinguir entre lo correcto y lo perjudicial, explicó.
Añadió que por ley, el Ministerio de la Presidencia es el encargado de administrar esta partida, pero un funcionario en específico las fiscaliza dentro de esa institución.
Precisó que en el caso del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, este funcionario era Rómulo Abad, quien fungía como secretario privado y que actualmente sigue laborando con el ex mandatario en sus oficinas.
Rolando Mirones añadió que el tabú en torno al tema de la partida discrecional surge porque ésta no tiene un control previo, sino posterior a su utilización.
El problema es que quien se encarga de fiscalizar el uso de estas partidas es nada más y nada menos que el Contralor de la República y quien "es colocado en el cargo por el Presidente", agregó.
Para Mirones, es en este proceso de fiscalización que se pude evadir algún tipo de responsabilidad, es decir, introducir gastos que no tienen correlación con la actividad presidencial. "Esto significa que se puede utilizar el dinero para actos que no son avalados por la ley", acotó.
"Este control posterior debe realizarse del modo más analítico posible, en base a facturas y otros antecedentes que permitan establecer que el dinero no fue utilizado irresponsablemente", añadió.
Este fondo sale de las personas que pagan todos sus impuestos, quienes necesitan una respuesta de cómo se utiliza el dinero que se les cobra anualmente, expresó Mirones.
Esta partida le da cierta capacidad de respuesta a un presidente de la República para atender situaciones de urgencia e imprevistos, apoyando a las comunidades de manera inmediata, explicó a El Panamá América, René Luciani, ex director de Presupuesto del Ministerio de Planificación y Política Económica.
René Luciani comparte la opinión de que, cualquier partida asignada en el Presupuesto General del Estado debe ser objeto de examen por parte de la Contraloría General, hay que ser más transparentes porque la sociedad tiene que estar informada del uso de estos dineros.
"La Ley de Transparencia obliga a todo aquel funcionario que maneje cuentas a que le rinda un informe a la Asamblea Legislativa anualmente y debe rendir un informe de ejecución presupuestaria", agregó.
"Agregaría que no estoy en desacuerdo con esas partidas de uso discrecional por parte del Ejecutivo, siempre y cuando estén destinadas al estricto cumplimiento de los fines del Estado" añadió el ex director de Presupuesto del Ministerio de Planificación y Política Económica.
Luis Laguerre, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, sostuvo que una auditoría no va sobre todos los detalles, sino de manera selectiva, por lo que definitivamente uno de los elementos más importantes es la documentación sustentadora, como son las facturas.
Se mostró muy cauteloso al referirse al tema de la partida discrecional y admitió que no conoce a profundidad el tema. No obstante, dijo que una auditoría debe comprender la verificación de que lo que se compra llegue al destinatario, y sea para los fines descritos. Es un concepto más amplio que la simple parte numérica, al incluir aspectos cualitativos.
Se abstuvo de comentar si puede haber truco contable, aunque considera que no ve que haya elementos que se presten para ello cuando se maneja con la transparencia debida.
