Partidos políticos deberán revelar origen de sus fondos

Un estudio auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y elaborado por la Procuradora de la Administración Suplente, Linett Landau Bernard, recomienda la aprobación de normas que obliguen a los partidos políticos panameños a revelar el origen de los fondos que manejan para sus actividades proselitistas.
El mismo estudio recomienda que se revise el régimen de financiamiento a los partidos políticos legalmente constituidos en Panamá.
Tales recomendaciones han sido motivo de extensas polémicas en Panamá, sobre todo durante las campañas electorales y por el supuesto financiamiento de estas actividades por dineros provenientes del narcotráfico, pero no se ha llegado a ningún acuerdo todavía.
A través del mismo estudio se destaca que en la legislación panameña, no está tipificado como un delito algunas de las conductas corruptas o el tráfico de influencia.
La consultora Landau Bernard, quien fue comisionada por la OEA para "revisar la normativa nacional para identificar medidas necesarias para prevenir la corrupción en la función pública y precisar las sanciones legislativas que permiten ejercer un efectivo control parlamentario", presentó el informe ayer ante la VII reunión de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana Contra la Corrupción y la Narcoactividad.
A la reunión asistieron los legisladores miembros de la Comisión de Drogas de la Asamblea Legislativa y representantes del Parlamento Centroamericano.
En el informe se establece que debe tipificarse en la legislación penal panameña el tráfico de influencias y soborno transnacional como delitos.
Además se recomienda la creación de incentivos a los funcionarios para fomentar la excelencia en el desempeño de sus funciones, como un intento para evitar que éstos se vean involucrados en actos de corrupción.
Landau Bernard, reveló que la legislación panameña presenta una serie de problemas como la falta de precisión en los tipos penales, ausencia de ciertos tipos penales como el tráfico de influencias, la ineficacia de las sanciones de los delitos contra la administración pública y los delitos patrimoniales en contra del Estado.
También se recomienda la adopción de un Código de Etica Pública, Etica Parlamentaria y Etica Empresarial, así como la revisión de los acuerdos de extradición como un mecanismo adecuado para impedir que los criminales se refugien en lugares de conveniencia.