Un estudio auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y elaborado por la procuradora de la Administración Suplente, Linett Landau Bernard, recomienda la aprobación de normas que obliguen a los partidos políticos panameños a revelar el origen de los fondos que manejan para sus actividades proselitistas.
El mismo estudio recomienda que se revise el régimen de financiamiento a los partidos políticos legalmente constituidos en Panamá.
Tales recomendaciones han sido motivo de extensas polémicas en Panamá, sobre todo durante las campañas electorales y por el supuesto financiamiento de estas actividades por dineros provenientes del narcotráfico, pero no se ha llegado a ningún acuerdo todavía.
A través del mismo estudio se destaca que en la legislación panameña, no está tipificado como un delito algunas de las conductas corruptas o el tráfico de influencia.
La consultora Landau Bernard, quien fue comisionada por la OEA para "revisar la normativa nacional para identificar medidas necesarias para prevenir la corrupción en la función pública y precisar las sanciones legislativas que permiten ejercer un efectivo control parlamentario", presentó el informe el viernes pasado ante la VII reunión de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana Contra la Corrupción y la Narcoactividad.
A la reunión asistieron los legisladores miembros de la Comisión de Drogas de la Asamblea Legislativa y representantes del Parlamento Centroamericano.
En el informe se establece que debe tipificarse en la legislación penal panameña el tráfico de influencias y soborno transnacional como delitos.
Además, se recomienda la creación de incentivos a los funcionarios para fomentar la excelencia en el desempeño de sus funciones, como un intento para evitar que éstos se vean involucrados en actos de corrupción.