A pocos días para que se cumplan ocho años cuando se dio a conocer en el país que en un expectorante líquido sin azúcar producido en la Caja de Seguro Social estaba contaminado, aún familiares de las víctimas y afectados por el diteilenglicol piden una mejor atención en los centros de salud.
Gabriel Pascual, miembro del Comité de Familiares Por un Derecho a la Salud y la Vida, dijo que las secuelas que le ha dejado a los sobrevivientes han sido terribles tanto físicamente y personalmente. "Sentimos que tenemos que mendigar un medicamento que el Estado debe proporcionarlo y facilitarlo", manifestó.
"A la fecha hay 250 personas que cobran una pensión por ser afactados por el envenemiento masivo, 457 casos que han sido evaluados a medias y 700 expdientes no han sido evaluados lo que ha dificultado que más personas reciban el beneficio", señaló.
"La justicia no ciega ni selectiva y vamos a seguir luchando para que los responsable asuman su responsabilidad", indicó Pascual al noticiero matutino de NEXtv.
El domingo 12 de octubre se realizará una misa en la iglesia de Don Bosco para recordar a las víctimas.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
