Al llegar la temporada de verano, la tranquilidad de que gozan muchas poblaciones costeras en las provincias de Panamá, Coclé y Colón se ve interrumpida por los paseos que se movilizan en masa, durante los domingos, a través de los buses grandes, mejor conocidos como "Diablos Rojos".
Una de las poblaciones afectadas por "este turismo de masa" es la comunidad de Las Uvas de San Carlos en la provincia de Panamá, cuyos habitantes y propietarios de empresas han levantado una enérgica protesta contra la Gobernación de Panamá, la Alcaldía de San Carlos y la Junta Comunal del lugar por autorizar los paseos a la playa de los Panamaes y Playa Grande, una de las menos contaminadas, ubicadas en el sector.
Denunciaron que este "turismo desenfrenado" de más de 30 buses todos los domingos, además de interrumpir la tranquilidad de la población de Las Uvas de San Carlos ha causado graves daños a un proyecto de desarrollo turístico con reforestación, que lleva a cabo cercano a la playa de los Panamaes, la empresa PROBATUR S.A.
Los propietarios manifestaron que los pasajeros que llegan en los "Diablos Rojos" a las playas, tienen un alto consumo de alcohol, un comportamiento desenfrenado, provocan daño a la propiedad privada y amenazan la seguridad de los moradores y visitantes de estas áreas.
Han destrozado partes de las plantaciones, han quemado hectáreas ya reforestadas y además ingresan a los terrenos del proyecto, dejando una enorme cantidad de basura, señalaron los empresarios afectados.
Precisaron que los pasajeros "chupan alcohol" de sus coolers personales hasta emborracharse y consumen bebidas alcohólicas en áreas públicas y delante de los niños, violando flagrantemente la ley, pero aún así reciben el permiso de la Junta Comunal del lugar.
Otro problema observado es que los pasajeros no los quieren por desordenados en las abarroterías y restaurante del lugar. De igual manera, habilitan grandes fogones caseros en la playa dejando la playa convertida en un enorme muladar, señalaron los afectados, que prefirieron no revelar su identidad.
Denunciaron que las personas que llegan al lugar quieren hacer "el amor" a la vista pública y realizan actos que atenta contra la moral y las buenas costumbres de las personas que habitan el pueblo.
"Se han dado casos de violaciones a mujeres sanas y borrachas" delante del público que no puede hacer nada por que no hay ninguna seguridad en las playas puesto que en San Carlos sólo hay cuatro policías, manifestaron los quejosos.
Una denuncia interpuesta por residente del lugar y que reposa en la corregiduría precisa que entre cinco jóvenes violaron a una muchacha en un terreno privado de las residencias a orillas de la playa.
También manifestaron que los pasajeros se cambian de ropa, se desnudan y hacen sus necesidades dentro de las áreas privadas sin importarles que son observados por personas del sitio.
Indicaron que las discotecas móviles perturban la tranquilidad con enormes bocinas que ocasionan ruidos que afectan a los propietarios de viviendas cercanas al lugar.
Señalaron que los integrantes de los paseos toman agua de las fuentes privadas, invaden terrenos para habilitar ranchos y fogones, abusan de la naturaleza cortando árboles, contaminan los ríos, prenden fuego a los bosques y a la hierba seca, cazan las iguanas y aves en vía de extinción dentro de las propiedades.
Manifestaron que este sistema regular de paseos no les proporciona ninguna ganancia económica a la comunidad de San Carlos debido a que este tipo de turismo se ha acostumbrado a no pagar por su diversión, la cual debe ser coordinada y regulada por el Estado.
"Este turismo no deja beneficios alguno a las áreas que visitan más bien deja pérdidas", expresó uno de los afectados.
Un ejemplo de lo anterior, que expusieron los quejosos, es que los paseos no quieren pagar lo "justo" por el acceso a las áreas turísticas privadas y estatales que están acondiciones para este tipo de turismo, por lo que asisten a las playas donde no existen las infraestructuras mínimas para recibir miles de personas.
En cuanto a la seguridad denunciaron que ya se han protagonizado "balaceras" y enfrentamiento entre miembros de "pandillas" que viajan en los "Diablos Rojos". Sobre esta denuncia las autoridades policiales de San Carlos alegan no contar con el personal para atender brotes de violencia debido a que sólo cuentan con cuatro agentes.
"En cualquier momento se perderán vidas humanas de entre todos los afectados debido a que en cualquier momento los moradores pueden responder a los frecuentes robos de que son víctimas, igual puede haber un ahogado por que la playa no cuenta con salvavidas o por las rencillas que hay entre las pandillas que visitan el lugar.
Preguntaron que hasta cúando las autoridades serán irresponsables ante su deber de proteger y garantizar muchos derechos establecidos por la Constitución. De los que deben gozar los moradores de estas áreas, que se resumen en derecho a disfrutar de tranquilidad en su hogar y de que se respete la propiedad privada.
"Un derecho a diversión y esparcimiento no puede tergiversares y ser más importante que todos los otros derechos", sostuvo uno de los afectados.
Manifestaron que en áreas públicas sólo se debe permitir el sano esparcimiento y cuando se trata de grandes cantidades de público, este movimiento de gente debe ser regulado y dentro de una infraestructura bien organizada, planificada y edificada.
Apuntaron que el Turiscentro de San Carlos se edificó para recibir más de 100 buses de paseos, pero ahora no los quieren en ese balneario y las autoridades los envían a playas vírgenes.
Entre otros aspectos, además denunciaron la ilegalidad en la que incurren las Juntas Comunales y Alcaldías al cobrar ilegalmente el acceso a las playas ( B/.15.00 por Diablo Rojo, B/. 5.00 por colegial y B/.2.00 por carro), al tiempo que indicaron que este dinero no compensa lo que destruyen los pasajeros.
Además de que los dineros ocasionados por el cobro de acceso a las playas no son destinados a corregir los daños que causan y manifestaron que desconocen en qué se utilizan esos fondos.
Los quejosos indicaron que si no existen las condiciones apropiadas para el manejo de esta multitud de personas, entonces el gobierno no debe permitir este tipo de actividad y no entregar permisos para paseos.
IPAT LLAMA ATENCION AL ALCALDE
El Instituto Panameño de Turismo (IPAT) recibió las quejas de dueños de propiedades aledañas a las playas del área de San Carlos, en especial del sector conocido como los Panamaes ( Playa Grande), pero su respuesta fue la de instar al alcalde de esa comunidad, Emilio Salazar para que regule a un mínimo el acceso de personas a la mencionada playa.
En una carta enviada al alcalde, el director de Planificación y Desarrollo Turístico del IPAT, Tomás Sosa instó al Alcalde a cooperar con la institución y que procure regular a un mínimo el acceso a toda esta área de interés y desarrollo turístico que se proyectan en los Panamaes.
Indicó el funcionario del IPAT que los empresarios y sus proyectos ven amenazados sus inversiones y nos han advertido del efecto negativo que dicha situación puede estar causando al desarrollo de los proyectos turísticos.
"Por tal motivo, nos han solicitado que estos paseos en masa sean enviados a otras playas mejor acondicionadas y con el debido control de multitudes, seguridad policial, control de consumo alcohólico, sanidad, agua, salvavidas, medidas que no existen en la playa de los Panamaes, detalló el funcionario.
Precisó la denuncia de la empresa PROBATUR, S; A; que tiene un proyecto de Desarrollo Ecoturístico con reforestación, de aproximadamente 30 hectáreas en las fincas 3514, 163386 y otros derechos posesorios ( terrenos de la antigua cooperativa de Pescadores de San Carlos), entre la bajada de los Panamaes y los terrenos del complejo vacacional de la Caja de Seguro Social, consiste con el hecho que esta zona esta declarada de interés turístico y representa una de las playas vírgenes y menos contaminadas de todo el litoral pacífico.
GOBERNADORA TOMARA ACCIONES
Los afectados por el ingreso de paseos a las playas del distrito de San Carlos sostuvieron recientemente una reunión con la gobernadora de la provincia de Panamá, Irleana Brown para exponerle la gravedad del asunto, confirmaron los quejosos.
Durante el encuentro la máxima autoridad de la provincia de Panamá prometió que tomaría los correctivos del caso a fin de controlar los paseos en masas que visitan la playa.
Los quejosos dijeron que esperan que la promesa de la Gobernadora no haya sido para salir del paso y advirtieron que insistirán hasta lo último en este problema que les ha causado pérdidas.
Indicaron que las autoridades municipales de San Carlos también deben tomar las medidas del caso por que ante todo son sus pobladores los que son afectados por sujetos que provienen de otras comunidades muy alejadas del lugar.
