Los directivos de la empresa Ports Engineering and Consultant Corp. (PECC) anunciaron que presentarán una contrademanda al contralor Alvin Weeden por ordenar su expropiación y alegaron que la compañía podía seguir prestando el servicio de mantenimiento de boyas y faros.
Gregorio Chuljak, miembro de la directiva de PECC, aseguró que la Contraloría de la República cerró la empresa y liquidó a los empleados, cuando podía perfectamente seguir operándola y obtener beneficios hasta la conclusión de la investigación y el proceso legal adelantado en la Corte Suprema de Justicia.
Chuljak sostuvo que ha recibido información sobre la desaparición de parte de los equipos utilizados por PECC para la prestación de los servicios de reparación y mantenimiento de las boyas y faros.
En este sentido, explicó que PECC mantenía equipo sofisticado, como una ecosonda con un costo de B/.70,000 y otros aditamentos que serán reclamados en su momento.
Sostuvo que PECC además del servicio de mantenimiento de faros y boyas también tenía contratos con otras empresas para dar asesoramiento en materia de ingeniería para la operación de puertos y dragados.
Detalló que ahora la Contraloría pretende asignar este servicio a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que no tiene el equipo ni la infraestructura para realizar estas labores.
Precisó que el trabajo desarrollado por PECC incluía la reubicación de boyas y la revisión de los canales de navegación en todo el mar territorial y este servicio no podrá ser prestado por la AMP, debido a su burocracia.
A manera de ejemplo, citó que para cambiar un farol en la isla Frailes se requieren B/.7,500 y el alquiler de un helicóptero que deberá realizar varios viajes, y en estos momentos la AMP no posee los recursos para realizar este trabajo.
Planteó que ante esta situación se mantiene el peligro latente del encallamiento de embarcaciones, algunas de las cuales transportan materiales peligrosos.
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