Marco Ostander, presidente de la Fundación para la Conservación del Mar, la Naturaleza y las Especies Marinas (CONAMAR), reveló a El Panamá América que se han expedido, sólo en el último año, unas 57 licencias atuneras.
Al respecto, George Novey, de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), ya está al tanto. Según el funcionario, el gobierno anterior otorgó licencias a embarcaciones extranjeras para pescar en aguas jurisdiccionales, aunque prefirió no revelar de cuántas se trata.
Pero, tanto Líder Sucre, de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), como Marco Ostander de CONAMAR, están convencidos de que el problema de Panamá no son la leyes sino la fiscalización.
Ostander, por ejemplo, opina que uno de los mayores errores en los que han incurrido las autoridades locales es haber "sido muy condescendientes y otorgar licencias sin tener la capacidad de vigilar las embarcaciones".
Y eso no es todo. A lo anterior se suma la presencia de entre 80 y 100 barcos taiwaneses que están descargando en los puertos de Vacamonte y Chiriquí peces marlines, velas y espada, lo que está prohibido por el Decreto Ejecutivo No. 33 de 1997, por tratarse de especies en peligro de extinción, según dio a conocer a El Panamá América una fuente que prefirió reserva.
En ese sentido, Michael Rothschild, director Ejecutivo de la Fundación MARVIVA, explicó que generalmente estos barcos se dedican a una práctica llamada aleteo, que consiste en cortar las aletas de los tiburones, guardarlas y en muchos casos, arrojar al cetáceo aún vivo, al agua.
Lo peligroso es que precisamente el tiburón es el máximo depredador en la cadena alimentaria, por lo que se está afectando directamente al ecosistema marino. Rothschild lo califica como "un problema muy serio", puesto que se trata de una pesca masiva debido a que resulta más fácil "tener aletas solas dentro de un barco de 100 toneladas que un montón de tiburones completos".
Justamente Líder Sucre, director ejecutivo de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), asegura que Panamá tiene los primeros síntomas de un "agotamiento de las poblaciones de peces".
Explicó que a pesar de que se incrementaron las exportaciones de productos del mar, es "preocupante el volumen de peces y mariscos". Resulta que se vendieron menos libras de mariscos, pero a un precio más alto por libra en comparación con el 2003.
De acuerdo con los estudios mencionados por Sucre, de no ponerse un alto al exceso de pesca, es casi inminente que Panamá enfrentará en pocos años una crisis en el sector.
Cabe señalar que esta trágica consecuencia la vivieron países como México, Ecuador, y Costa Rica, naciones que ahora necesitan años para recuperarse, eso si es que lo logran. Los números revelan realidades nada halagadoras. Informes de la dirección de Recursos Marinos de la Autoridad Marítima de Panamá señalan que la pesca se redujo entre el 20 y el 30%, siendo la industria del camarón una de las más afectadas. Igualmente, las exportaciones de especies han bajado este año entre un 30 y 40%. Ahora los pescadores artesanales tienen que esforzarse el doble para obtener por lo menos la mitad de lo que lograban antes.Sin embargo, Ostander agregó que de acuerdo con estudios de los científicos de la Facultad de Oceonografía de la Universidad de Miami, no necesariamente el fenómeno de la sobrepesca es lo que ha causado una merma, se añade que las aguas se han calentado, disminuyendo la producción.
A lo anterior se suma, dice Sucre, la pesca de atuneros extranjeros que no respetan las leyes panameñas. Generalmente provienen de Costa Rica, Colombia y Ecuador.
"Entiendo que existe una sed de justicia, pero tiene que hacerse dentro de los parámetros y las leyes, y sin provocar persecuciones donde no se pueda comprobar que existió delito. En la medida que se vayan detectando anomalías se irán presentado, pero vamos a apegarnos a lo que establecen las leyes y los procedimientos, y en base a eso, actuaremos, yo no hago auditorías, no soy el contralor".
Martín Torrijos.
Nos mantendremos en alerta y decidimos no aumentar el pasaje, porque nos ajustamos a la ley. El Gobierno debe cumplir con su promesa de campaña, de resolver de manera integral el problema del transporte público. Está también la anunciada nueva política de hidrocarburos, con lo cual estamos de acuerdo y la necesidad de crear fuentes alternas de energía como la hidráulica, solar y con biomasa es urgente, pero dependerá de las políticas, incentivos y facilidades a la inversión privada que el gobierno ofrezca".
"Si está dentro de las normas que respete las regulaciones existentes, vamos a revisarlo. Hay una serie de medidas que vamos a estar estudiando, que no están hechas ni se pueden, de la noche a la mañana, tomarlas. Hay mecanismos para que se dé un aumento del pasaje, al igual que para que las personas entren a prestar el servicio. Los transportistas deben comprender que que nada ni nadie está por encima de la ley, ni el propio presidente".
