Si una empresa exige prueba de embarazo para contratar a una mujer, podría ser sancionada, de aprobarse el anteproyecto de ley que busca endurecer penas contra el femicidio.
Esta iniciativa, que adelanta la Defensoría del Pueblo, establece en el artículo 18, parágrafo seis, que quien exija este examen puede ser sancionado de cinco a ocho años de prisión.
Este anteproyecto será presentado a la Asamblea Nacional de Diputados en los próximos días.
Reacciones a sanción.
Antonio Fletcher, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, dijo que este tema debe ser debatido y analizado, porque a luces rápidas la sanción puede interpretarse como excesiva.
Recordó que las empresas tienen libertad para tomar decisiones en su negocio, pero cumpliendo con la responsabilidad social, empresarial y ética.
En tanto, el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Juan Francisco Kiener, manifestó que aunque la prueba es una discriminación, la sanción no deja de ser “excesiva” para una empresa.
Kiener se mostró a favor de que se penalice el homicidio contra la mujer, pero también que se castigue a mujeres que asesinen a los hombres.
Cargos políticos.
Quien aspire a postularse a cualquier cargo de elección popular no debe tener antecedente de violencia contra la mujer.
Este es un requisito que establece el artículo 25 del anteproyecto de ley.
Igualmente, se indica que las personas con estos antecedentes no podrán ser nombrados ministros, viceministros ni designados como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Incidencia de asesinatos.
Según el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, los domingos son los días de más incidencia para estas muertes violentas de mujeres, luego le siguen los días martes, viernes y sábado.
