Pedirán abrir casos de 70 desaparecidos

Por la jurisprudencia creada con el fallo de no prescripción en los delitos relacionados con los derechos humanos, la Comisión Institucional de la Verdad pedirá la apertura de unos 70 expedientes de desaparecidos durante la dictadura militar, que no han recibido actividad judicial.
El presidente de la comisión, Alberto Almanza, reveló que entre los casos más sobresalientes está la muerte de Ariosto González, ocurrida en Los Pozos de Chiriquí.
Asimismo, la del dirigente de la guerrilla panameñista Walter Sardiñas, de nacionalidad uruguaya, quien presuntamente fue oprimido por el organismo panameño G-2 y miembros de fuerzas policiales de Costa Rica, luego que el líder opositor cruzara la frontera para refugiarse de la persecución dictatorial.
Igualmente se pedirá la investigación en los expedientes de Ramón Mojica y Daniel Espinosa. La Comisión consideró que ambos murieron frente al cuartel de Piedra Candela, en Chiriquí, y que existen suficientes elementos que implican a los agentes de la Guardia Nacional.
Almanza explicó que la petición para abrir la instrucción sumarial se realizará por provincia y luego se incluirán los casos más destacados en Panamá.
Dijo que en la capital se entregarán unos 47 expedientes, luego del precedente de no prescripción del caso José Del Carmen Tuñón. Otro número similar podría ser entregado en el resto de las provincias.
"Los entregaremos para que el Ministerio Público le dé el debido curso y abra la instrucción sumarial", acotó Almanza.
No obstante, informó que por Penonomé y Veraguas el principal caso es el del líder izquierdista Floyd Britton, quien falleció en la isla de Coiba. Se considera que hay méritos suficientes para continuar la investigación.
El presidente de la Comisión de la Verdad agregó que se pedirá a los tribunales la reapertura de los casos que ya tienen expedientes, como el de Tuñón. Al Ministerio Público se solicitará el inicio de las investigaciones en aquéllos que no han sido tratados judicialmente.
En un importante fallo dictado este mes por el magistrado César Pereira Burgos, se rechazó la solicitud de prescripción del caso Tuñón, presentado por el Ministerio Público.
Además, se ordenó a la Procuraduría que atienda las peticiones de justicia y denuncias de violación de derechos humanos presentadas por organismos y familiares de las víctimas.