La sustentación de los querellantes en el proceso de apelación de la condena impuesta por el Juzgado Quinto de Circuito contra el dirigente anticastrista Luis Posada Carriles y otros, estará dirigida a exigir una condena mayor a la impuesta.
Así lo reveló ayer el embajador de Cuba en Panamá, Carlos Zamora, quien aseguró que mediante el recurso de apelación se evalúa la cuantía de esa condena, que a su criterio fue menor al delito por el cual fueron condenados.
"Las personas acusadas fueron condenadas por los tribunales por intentar masacrar a cientos de personas y en esa apelación en curso corresponde darle la sanción necesaria por la acción que intentaron cometer", dijo Zamora.
Mediante sentencia 28 del 20 de abril de 2004, se condenó a ocho años de prisión a Posada Carriles y Gaspar Jiménez Escobedo, mientras que Guillermo Novo y Pedro Remón Crispín a 7 años, todos por el delito contra la seguridad colectiva.
Sin embargo, Zamora considera que la sanción es todavía muy débil para el tipo de crimen que ellos desarrollarían.
"Por eso todavía está andando y está sujeto a apelación ante los órganos superiores de justicia de Panamá para que se le aumente la pena", aseguró el embajador cubano.
Dijo que no concibe que "esos terroristas" puedan ser objeto de una actuación suave por el simple hecho que los planes criminales que tenían no se desarrollaron, y que las personas que establecen conceptos y criterios para defenderlos son "hipócritas y sinvergüenzas".
Entre tanto la defensora Rosa de Cruz, dijo que la parte acusadora tiene la opción de apelar por considerar la condena como muy débil o por que se excluyeron dos de los delitos encausados, pero aclaró que esa situación en este proceso no ha sido sustentado.
Mauro Zúñiga pide se investigue a los miembros de la comisión especial nombrada por la Junta Directiva de la CSS: Erasmo Muñoz (presidente de la JD), Lastenia Canto, Martha Patricia Rodríguez de González (MEF), Rodrigo Esquivel (MINSA), José Croston (Contraloría). Son asesores técnicos de la comisión: Damaris Lawson, Norberto Donoso y Elías Menacho (Santo Tomás), Daniel Infante (Oncológico), Eduardo Guevara y Octavio Bejarano (por David), Juan Sáenz (jefe de radiología de Las Tablas), Emilio Botacio (jefe de radiología de Aguadulce) y Alfredo Mechadariaga (Panamá).
En vista de ello, Mauro Zúñiga, director Nacional de Prestaciones Médicas de la CSS, mediante el Memorando DNSYPM-M-8-2004, nombra otra comisión "ad hoc" a parte de la que nombró la Junta Directiva de la CSS. Esta comisión pide que se suspenda la licitación pública. Integran esta comisión: los doctores Gilberto Chanis, Bolívar Domínguez, Félix Pitty, Anastasio Almeijeiras, Venettia Leslie, Leda Moreno, José Remón, Gonzalo Sierra, Eloy Gibbs y el ingeniero en biomédica, Olmedo Cedeño.
Mauro Zúñiga envía una nota al director general de la CSS, Rolando Villalaz, en donde le indica que según lo establece la Ley Orgánica de la institución, es competencia del director general y no de la comisión especial asignar al especialista que elabore el pliego de cargos y que además no se le diera participación a los técnicos ni asesores de la CSS; por lo que pide dejar sin efecto todo lo actuado en el proceso de compra del cineangiógrafo y de los cuatro tomógrafos.
Se llevan a cabo las licitaciones para los tomógrafos, pero la única empresa que presenta la documentación es RESERMA, S.A. y se declara desierto.
Villalaz le contesta a Zúñiga que la ponderación fue sencilla y clara, sin querer favorecer a nadie en particular y le aclara que la presencia del funcionario de la Contraloría General de la República en la comisión especial de la Junta Directiva es por asuntos de regulación y no de decisión o voto.
César Tribaldo, representante de los empresarios en la Junta Directiva de la CSS, llama a una reunión con cada uno de los representantes de las empresas que no asistieron al acto y les pide que manifiesten por escrito sus objeciones.
Al declararse desierto el acto de licitación, Rolando Villalaz le pide a Mauro Zúñiga crear una nueva comisión técnica evaluadora ad-hoc integrada por los doctores: Gilberto Chanis, Bolívar Domínguez, Anastacio Almejeira, Félix Pitti, Eloy Gibbs y Félix Luciani (como organizador) que participaron en la comisión anterior y se le suma Víctor Julio.
Demetrio Pinzón, gerente de operaciones de Electrónica Médica, S.A. envía nota al director Nacional de Compras y Abastos de la CSS, Giovanni Nyedda, en la cual pide obviar algunos requisitos en el pliego de cargos, como lo son el uso del idioma inglés.
Jorge Morgan, de Médica Internacional, S.A., envía una nota a Giovanni Nyedda en la que le hace observaciones a los pliegos de cargos de la licitación N° 230893-02-17 sobre la compra de dos tomógrafos para el Hospital Rafael Estévez de Aguadulce y el Juan Pablo Franco de Las Tablas.
La Junta Directiva de la CSS solicita la destitución de Mauro Zúñiga como director de Prestaciones Médicas.
Guillermo Pérez Silva, secretario general de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la CSS (AMOACSS) presenta ante el Ministerio Público una denuncia por la presunta existencia de irregularidades en la licitación de equipos de tomografía computarizada y angiografía digital para los hospitales Rafael Estévez de Aguadulce, Rafael Hernández de Chiriquí, Hospital Juan Pablo Franco de Las Tablas y el Complejo Hospitalario de la CSS. Su denuncia se basa en que en las licitaciones se viola por omisión la Ley 1 de 2001 que establece el procedimiento para la elaboración de los pliegos de cargo.
Mauro Zúñiga señala que su destitución se debió a una serie de denuncias de corrupción y su oposición a un modelo de integración entre la CSS y el Ministerio de Salud.
Mediante un comunicado, el director de la CSS, Rolando Villalaz destaca que la licitación de los tomógrafos se realizará el 23 y 24 de marzo, tomando en cuenta las recomendaciones técnicas y científicas de la nueva comisión evaluadora nombrada por Mauro Zúñiga.
En una nota aclaratoria Rolando Villalaz indica que con la nueva modificación realizada a los pliegos de cargos, se contribuya a que intervengan más de un proveedor en los actos públicos y que esperan que quien resulte ganador, sea producto de un proceso transparente.
