La Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) pedirá a las nuevas autoridades estatales, que le permitan a los trabajadores públicos tener el derecho de sindicalizarse, tal como lo ha decretado la Organización Internacional del Trabajo, informó ayer el secretario general de la organización, Alfredo Berrocal.
Según Berrocal, a pesar de los esfuerzos que han hecho para lograr que se permita a los funcionarios sindicalizarse, no ha sido posible, dada la rebeldía del Estado panameño para reconocer estos convenios que la OIT ha venido sistemáticamente recomendando a Panamá.
Esta organización internacional, dijo Berrocal, no ha hecho más que reconocerle el régimen a los trabajadores del sector público, y en un último informe ha cuestionado la persistencia de acciones contra trabajadores cuando buscan organizarse.
En el ámbito de los trabajadores públicos, sostuvo, todos los gobiernos sistemáticamente se han ido pasando la bola y no han permitido a este sector la conformación de organizaciones sindicales, en una total discriminación que sufre el sector.
"La discriminación es tal, porque no hay ninguna justificación para que los servidores públicos puedan organizarse en sindicatos y sólo se les permite organizar asociaciones de empleados públicos", señaló.
Manifestó que esta forma de discriminación tiene que ser erradicada de nuestro sector, toda vez que la propia OIT ha recomendado que Panamá permita la libertad sindical a los trabajadores del sector público.
Según Berrocal, a los trabajadores públicos sólo les queda seguir luchando para que esta recomendación de la OIT se aplique eficazmente.
Berrocal expresó además su confianza en que con los legisladores electos Héctor Alemán y Leandro Avila, quienes han surgido de esta organización, se pueda lograr que estas propuestas legales se conviertan en realidad.
Sin embargo, enfatizó que es necesario que los propios trabajadores brinden el respaldo y creen las condiciones para que en la Asamblea Legislativa estas propuestas tengan la fuerza y puedan convertirse en ley de la República.