La defensa de Pedro Miguel González, denunció ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, al embajador William Hughes y otros funcionarios norteamericanos y pidió que se declare nulo cualquier proceso que se instruya en Estados Unidos contra el perredista, por la muerte del soldado Zak Hernández.
En la denuncia se incluye una solicitud para que las autoridades norteamericanas dejen sin efecto cualquier orden de arresto contra el hijo del presidente del PRD y de la Asamblea Legislativa, Gerardo González.
Además de Hughes, figuran como denunciados el vocero del Departamento de Estado, James Rubin y el fiscal de Columbia, R. Marcy.
El escrito presentado sostiene que EU pretende desconocer compromisos internacionales adquiridos y violentar el Derecho a la Justicia y el derecho al Debido Proceso, al pretender juzgar dos veces a un ciudadano por las mismas causas.
Pedro Miguel González fue absuelto por un jurado de conciencia panameño por el crimen de Zak Hernández, pero la Corte del Distrito de Columbia, le abrió un "indictment" por ese mismo caso.
La denuncia destaca que con esa acción, EU violenta la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que consigna el derecho a la justicia.
Como testigos aducidos en la denuncia figuran los abogados Carlos Carrillo, Ismael Rodríguez, Víctor Chan Castillo, Eric Prado, Robero García Flores y Víctor Aldana.
Entre las pruebas presentadas se incluyen declaraciones del mandatario Ernesto Pérez Balladares, del magistrado Arturo Hoyos y del procurador José Antonio Sossa.
Los abogados de González piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomienda a EU respete su absolución, archive cualquier proceso en su contra y que desista de cualquier intención de conducir o extraditarlo a esa nación.
Según los abogados de González, en el juicio celebrado en Panamá estaban presentes un acusador particular contratado por la familia de Zak Hernández y miembros de la Embajada de EU, con lo cual legitimaron el proceso y consecuentemente la decisión del jurado.
La denuncia señala que se ha violado el principio de presunción de inocencia, con las expresiones de inconformidad lanzadas por funcionarios norteamericanoas luego de la absolución de González.
También se destaca que González se sometió a un proceso en Panamá con una actuación policial parcializada, con influencias parcializadas de la Procuraduría de la Nación y las presiones del embajador William Hughes.
