La existencia de casas condenadas es otra de las situaciones que ha generado problemas de seguridad, a pesar que existen políticas gubernamentales para atacar este mal de índole social.
En los corregimientos de Santa Ana, El Chorrillo y San Felipe, entre otros del área capitalina, existen familias que viven en caserones que ya fueron declarados no habitables.
Pero las oportunidades de vivienda que se les ofrece, son rechazadas por razones de distancia y sitio, o del propio presupuesto.
Revisión.
Para una muestra, el año pasado, el Sistema Nacional de Protección Civil, (SINAPROC), realizó 105 inspecciones a casas en estado deplorable situadas en el Casco Antiguo, de las cuales el 65% no resultaron habitables.
Su director, Roberto Velásquez, luego de brindar esta evaluación, dijo que la razón principal de estas situaciones de deterioro lo constituye la falta de mantenimiento a las infraestructuras.
Hay inmuebles en la capital, con 60 y 70 años de existencia. Los propietarios en muchas ocasiones no cumplen con sus obligaciones. Estas situaciones quedan bajo la potestad de las corregidurías.
Para el caso de San Felipe, las cosas se realizan "algo lentas", según José Araúz, un dirigente que hace 12 años fundó la Coordinadora Pro-Vivienda en este barrio.
"Hace tres meses desalojaron a un anciano buhonero y a su nieta, frente a la escuela República de México, pero no ha tenido alguna respuesta", denunció Araúz.
Según sus propias cifras, de las 11 mil familias que estaban en situación de desalojo o reubicación, ya quedan 3 mil.
Adelaido Rojas, secretario general de la oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP), precisó que, deficiencias en el sistema eléctrico, ausencia de vías de evacuación, el deterioro de balcones, los colapsos en la infraestructura, y carecer de alarmas, sistemas de detección y extintores, son los aspectos técnicos que se sugieren para declarar condenado un inmueble.
"El riesgo continúa, porque hay que habilitar a estos edificios y dotarlos de todos los elementos de seguridad, en especial la parte eléctrica, que genera incendios. Las compañías eléctricas deben colaborar", señala Rojas.
Proceso.
El Ministerio de Vivienda es la entidad coordinadora de las acciones para condenar un inmueble, en conjunto con otras instituciones.
La labor tiene dos etapas: inspección pericial y el desahucio, que es el tiempo para que las personas desalojen, ya que el dueño lo debe remodelar o demoler.
Al mes se realizan 4 de estas acciones y al año, entre 30 a 40 de acuerdo al CBP.
Se han eliminado 100 casas condenadas, en la presente administración, aseguró Virginia Miranda, funcionaria del MIVI.
"Esta labor fue posible gracias a las rehabilitaciones de la que han sido objeto los inmuebles y por las ferias de vivienda promovidas por la institución", dijo Miranda.
