Sectores de la vida nacional hacen un llamado al presidente Ricardo Martinelli, para que detenga la “desmedida ambición de poder”, que está llevando al país a lo que podría ser la “peor crisis política institucional de las últimas décadas”.
La preocupación de la Iglesia Católica se plantea en el Semanario Panorama Católico, que señala que ante la situación surgida en la Procuraduría de la Nación, “por encima de a quién le cabe la razón, está el interés y la paz social de la nación”.
La Iglesia considera que “someter al país al sobresalto, la decepción, y la disputa institucional, es un “acto peligroso”, cuyas consecuencias, “temprano o tarde nos harán pagar un precio muy alto”.
Mientras que el constitucionalista Miguel Antonio Bernal advierte que estamos frente a un Ejecutivo que no cesa en su excesiva acumulación de poder, lo que puede resultar “peligroso” para el país.
La opinión de Bernal es compartida por el diputado perredista, Leandro Ávila, quien sostiene que muchas de las acciones del Ejecutivo nos conducen a una “gran crisis”.
Concentración.
Desde su instalación, el Gobierno, ha proyectado sus acciones a la concentración de mayor poder del que le otorga la Constitución.
La preocupación de la Iglesia se suma a la de grupos de la sociedad civil. Algunos apoyaron abiertamente en la pasada campaña electoral la candidatura de Martinelli, pero ahora orquestan el resurgimiento de la Cruzada Civilista Nacional que en la década de 1980 se opuso a la dictadura militar.
Constitucionalmente el Ejecutivo tiene la facultad de elaborar y ejecutar el Presupuesto General del Estado.
Dispone cuánto se le asigna a cada uno de los demás órganos y la manera en que se ejecuta, lo que le permite un control total, según Bernal.
Milton Henríquez, presidente del Partido Popular, considera que la Asamblea Nacional también debe cambiar su conducta “complaciente”.
Las acciones de Martinelli para dominar las estructuras del Estado fueron claras desde el principio. La mayoría oficialista en la Asamblea nombró como contralora a Gioconda Torres de Bianchini, la ex auditora de las empresas del presidente.
Esto, a pesar de prometer en campaña que este puesto sería para un independiente.
La Asamblea también ratificó a dos magistrados de la Corte, José Almengor y Alejandro Moncada, allegados al gobernante.
A la salida de la procuradora Gómez se suma la sorpresiva renuncia del fiscal electoral, Boris Barrios y el temor de los magistrados del Tribunal Electoral de que los saquen de sus puestos a través de un proceso legal abierto en su contra.
El Gobierno también apunta a controlar los medios de comunicación. Luego de criticar la programación y los noticieros de las televisoras, la diputada de su partido, Cambio Democrático, Dalia Bernal, propuso primero la reactivación de la Junta de Censura y luego la autoregulación para periódicos y radios.
