Solo mencionarla causa todo tipo de reacciones. Ello, a pesar de que en más de una ocasión el tema ha sido debatido. Se trata de la pena de muerte, que vuelve al tapete tras una propuesta del diputado de Cambio Democrático (CD), Marcos González.
La prupuesta, tal y como fue presentada, establece que la pena de muerte debe ser aplicada a personas condenadas por la comisión de delitos de homicidios agravados y femicidios, como a los reincidentes de delitos de violación, entre otros delitos sexuales.
También se le aplicará a los que cometan delitos contra la seguridad colectiva. Esta propuesta estipula la modificación del Artículo 50 del Código Penal, que detalla las clases de penas que se aplicarán en el territorio.
Sin embargo, pese a las argumentaciones planteadas por el diputado de que es una medida para que los delincuentes respeten las leyes del país, las voces en contra se hicieron sentir.
Representantes de distintos sectores de la sociedad se oponen a que en Panamá se aplique esta medida, que no contempla la Carta Magna de 1972, la que dice en su Artículo 30, del Título III de los Deberes y Derechos de los Individuos, que “No hay pena de muerte, de expatriación ni de confiscación de bienes”.
Los que se oponen aseguran que con la pena capital se va a lograr disminuir el nivel de violencia ni a bajar los niveles de inseguridad.
Abraham Rosas, quien es representante de la Conferencia Episcopal Panameña, manifestó que nunca la Iglesia podría estar de acuerdo con una propuesta de esa naturaleza.
“La Iglesia siempre ha propugnado por la vida, de manera que todo lo que atente contra ese sagrado bien nosotros lo vamos a rechazar en cualquiera de sus formas, aun antes del nacimiento”.
Gersán Josehps, de la Comisión Nacional contra la Discriminación, coincidió con Rosas indicando que no se puede apoyar una medida que atente contra los derechos humanos.
Consideró que el tema de la pena de muerte habría que contextualizarlo con el tema de la violencia en Panamá.
Entre tanto, el obispo de la Iglesia metodista, Pablo Morales, señaló que es Dios quien nos da la vida y solo Él tiene el derecho a quitarla.
Agregó que la pena de muerte no va a resolver el problema de la delincuencia ni de inseguridad en el país y pidió que se buscara cuál es realmente el problema desde el seno de las familias panameñas.
Otra de las que se pronunció en contra fue la defensora del Pueblo, Patria Portugal, quien argumentó que hay que buscar otros mecanismos para combatir la violencia.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Alma Cortés, indicó que como una ciudadana más, considera que se debe reforzar primero el sistema de justicia. “
Si logramos que el sistema acusatorio dé los resultados, yo sé que será innecesario pensar en un tema que abra el debate de la pena de muerte”.
Mecanismo.
La propuesta, que fue presentada ante el pleno legislativo por González, también será presentada a la Concertación Nacional que analiza las reformas a la Constitución, pese a que ya en una mesa de discusión el tema no fue admitido.
Rafael Carvajal, representante de Cambio Democrático en una de las mesas de discusión, expresó que la iniciativa fue desestimada, porque la pena de muerte donde está vigente, no ha significado reducción de los delitos.
Destacó que la prevención debe ser la función principal del Estado.
“La tomamos, la discutimos y consideramos que debe mantenerse la legislación como está actualmente en la Constitución”.
Este proyecto fue propuesto ante la Concertación por Sebastián Vásquez.
Aura Emérita de Villalaz, exmagistrada de la Corte y penalista, expresó que mientras estuvo en el comité de prevención de las Naciones Unidas trataron de abolir la pena de muerte.
Explicó que se luchó por buscar una alternativa, porque esa es una pena disuasiva, pues los delincuentes la consideran un reto.
“Los países tienen que preocuparse por una política criminal preventiva”, agregó.
Para la exmagistrada, la pena de muerte sería un retroceso, porque Panamá siempre la ha prohibido.
Recordó que la última vez que se dio un caso en el país fue con la muerte de Victoriano Lorenzo.
Recalcó que en Panamá la pena máxima aumentó a 50 años, luego de estar en 20 y 35 años.
Estadísticas.
Según un estudio del 2010 de Amnistía Internacional, unas 17 mil personas siguen condenadas a la pena capital en el mundo y solo en ese año a 527 se les había aplicado.
Las cifras arrojan que de esos 527 individuos, 252 fueron ejecutados en Irán, 60 en Corea del Norte, 53 en Yemen y 46 en Estados Unidos, siendo este último el país que más ejecuciones ha realizado en América.
