Un proyecto de ley aprobado en tercer debate en la madrugada de ayer aumenta a 50 años el tope de penas acumulables por una serie de delitos establecidos en la modificación de los códigos Penal y Judicial.
El proyecto fue presentado por el diputado suplente del oficialista Partido Cambio Democrático, Agustín Selhorn, quien aseguró que esta iniciativa proviene del Ejecutivo.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, Jorge Alberto Rosas, estas modificaciones atienden un clamor popular. “No podemos esperar más, hay que tomar acciones contundentes contra la delincuencia”, enfatizó.
Actualmente, la suma de condenas puede ascender a 30 años.
El proyecto establece, además, penas de tres a seis años de prisión para los responsables de homicidio culposo, las cuales aumentan hasta dos terceras partes si el autor es un conductor de transporte público, equipo pesado o alguien que esté bajo los efectos de drogas.
La propuesta dispone que quien cause lesión a un servidor de la Fuerza Pública, el Órgano Judicial, Ministerio Público, la Autoridad de Aduanas u otro miembro de algún estamento de seguridad, será sancionado hasta con dos años de prisión.
Se fijan penas de prisión de cinco a diez años para el caso de hurto a centros educativos, iglesias u otros destinados al uso público.
Se establece la misma pena si hay abuso de confianza, si existe una relación de empleo, que se cometa contra una víctima de un desastre o calamidad pública o cuando perjudique a un turista.
Aida Selles, del Instituto de Criminología, sostiene que ni siquiera la pena de muerte ha resuelto el problema y que el aumento de penas no lo hará en Panamá.
No es la solución.
Diferentes sectores de la sociedad panameña coinciden en que el aumento de penas por sí solo, no disminuirá la criminalidad en el país.
El jurista y ex secretario general del Ministerio Público, Rigoberto González, recordó que el Código Penal actual aumentó las penas y la violencia se incrementó, “significa que esta no es la solución”.
A su juicio, no se puede hablar de aumento de penas sin tener establecidos programas de resocialización.
Por su parte, Maribel Jaén de la Comisión de Justicia y Paz, plantea que “sin una política criminológica de Estado” no habrá resultados.
“Está científicamente comprobado que el aumento de penas no soluciona el problema de delincuencia”, agregó.
En tanto, para el obispo auxiliar de la Iglesia católica, José Domingo Ulloa, hay que trabajar en la prevención.
“Esta ley corre la suerte de convertirse en una norma más, pues no hay cárceles para mantener presa a una persona por tanto tiempo”, dijo.
Para el religioso, hace falta trabajar en aspectos como los valores y la familia.
Recomendó a las autoridades aplicar las leyes existentes y hacer juicios expeditos.
