Ante el inminente peligro y el creciente temor de los países del mundo a ser víctima de un atentado terrorista, la Asamblea Legislativa panameña aprobó ayer en tercer y último debate un proyecto de ley mediante el cual se sanciona hasta con 20 años de prisión a quienes incurran en este tipo de actos o financien estas actividades.
La propuesta, que fue presentada hace unos días por el viceministro de Gobierno, Alejandro Pérez, también es parte de las recomendaciones que ha hecho el Grupo de Acción Financiera (GAFI) a las naciones que forman parte de este organismo.
El proyecto de ley tiene únicamente cinco artículos, mediante los cuales se crea un nuevo Título en el Código Penal, a fin de establecer sanciones hasta de 20 años de cárcel para quienes incurran en actos de terrorismo.
Las sanciones serán igual de severas para quienes intencionalmente financien, subvencionen, oculten o transfieran dinero o bienes para ser utilizados en actos de terrorismo, aunque estos no se lleguen a consumar.
Mientras que a las personas que intencionalmente promuevan o auxilien las actividades de individuos o grupos organizados para la ejecución de actos de terrorismo, aunque no intervengan en la realización de éstos, se les aplicarán de ocho a 10 años de prisión.
Quien oculte, albergue, hospede o reclute personas vinculadas con cualquiera de estos actos, será penado con ocho y 10 años de prisión.
Por medio de la propuesta, se establece que quien pertenezca a una banda o actúe al servicio o colabore con bandas armadas, organizaciones, que tengan la finalidad de subvertir el orden constitucional o alterar la paz pública, realicen actos que produzcan alarma o terror contra las personas, bienes, servicios públicos, medios de comunicación y transporte, serán sancionados con 15 y 20 años de prisión.
Igualmente se establece que quienes utilicen explosivos, sustancias tóxicas, armas para provocar incendios, inundación o cualquier otro medio violento o de destrucción masiva con fines de terrorismo, se les sancionará con penas de 15 a 20 años de prisión.
Los actos de terrorismo dirijidos a personal de las embajadas, misiones o representaciones internacionales acreditadas aquí o contra sedes y estructuras físicas, serán sancionados con penas de 10 a 15 años de prisión.
