Cuando un adolescente haya sido aprehendido para ser investigado por un delito, la Policía Nacional lo pondrá a órdenes del Fiscal de Adolescentes, dentro de las 24 horas siguientes a su retención.
Así lo establece el proyecto de ley que consta de 15 artículos, promovido por el gobierno de Martín Torrijos y que presentará este lunes el Ministerio de Gobierno a la Asamblea Nacional, para aumentar las penas de 30 a 50 años para los asesinos.
Ocurre que el Ejecutivo busca adicionar a la Ley No. 40 de 26 de agosto de 1999, del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, un artículo que permita al funcionario de instrucción examinar el caso del adolescente y, si resulta procedente, recibir la declaración voluntaria dentro de las 24 horas.
Este artículo referente a la flagrancia complementa el vigente, pero ahora las medidas cautelares al menor se les darán si se requieren.
Penas.
Se adiciona el artículo 86-A al Código Penal para establecer que cuando se sancione con prisión a una persona pague una pena, y luego la otra, sin exceder los 50 años de cárcel.
También se cambiará el artículo 389 que establece sanciones de 6 meses a 2 años, o equivalente en días multas, para quienes incumplan con la pensión alimenticia.
La reforma detalla la sanción de 2 a 5 años al detenido que evada su pena y de 4 a 8 años si usa la fuerza, intimidación o violencia.
Anexos.
Se adiciona al Código Penal el artículo 434-A para aumentar a un tercio la pena de 2 a 4 años a quienes utilicen, vendan uniformes, placas, señales y emblemas de la Policía Nacional o instituciones de protección pública.
Igualmente, el documento hace dos adiciones al Artículo 7 de la Ley No. 18 de 3 de junio de 1997, Orgánica de la Policía Nacional, referente a las funciones de la institución.
Seguridad.
Además, se reforma el artículo 20 del Decreto Ley No. 9 de 20 de agosto de 2008, que reorganiza el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, para que los operadores de servicios informáticos y de telecomunicaciones, como sus agencias, mantengan los registros de sus usuarios.
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos multará el incumplimiento de este decreto con B/ 1,000 hasta B/ 1 millón.
Según el ex procurador Rogelio Cruz, para estas leyes hay que establecer un plan de divulgación.
No obstante, Maribel Jaén, de Justicia y Paz de la Iglesia católica, expresó que en Centroamérica el aumentar penas fracasó.
