Las personas que sin autorización exploren, excaven, extraigan o remuevan los sitios y objetos arqueológicos, documentos, monumentos u otros bienes muebles e inmuebles que sean testimonio del pasado panameño, podrían ser castigados con penas de prisión de 3 a 7 años.
Tales sanciones forman parte de un proyecto de ley para penalizar los delitos contra el patrimonio histórico presentado a la Asamblea Legislativa por el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa.
El proyecto será discutido en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constituciones de este órgano del Estado.
La norma establece también que quien promueva, organice, financie o dirija grupos de personas para la comisión de los delitos descritos, sean sancionados con penas de 4 a 8 años y con prisión de 2 a 4 años a quien exporte o extraiga del país los bienes que constituyen el patrimonio histórico de la Nación.
La norma busca castigar la acción de huaqueros que se dedican a profanar, saquear y apoderarse de cerámicas precolombinas, piezas u ornamentos de oro y plata del país.
