La percepción de que existe corrupción en el sistema penitenciario panameño se mantiene, así lo revela la última encuesta de Ipsos Public Affairs para Panamá América y Medcom.
De un total de 1,200 personas entrevistadas, el 88% considera que hay corrupción; mientras que el 10% cree que no y un 2% no sabía o no respondió.
Entre aquellos que consideran que hay corrupción, mediante respuestas múltiples, un 38% culpa al director (a) de las cárceles, 32% al Gobierno en general, 11% al presidente Ricardo Martinelli; 6% al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino; 4% a la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, 17% a otros y 8% no sabe o no quiso contestar.
Ante esta percepción, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, señala que lo que sucede es que el ejemplo debe venir desde arriba y ello no se ve así.
“No solo en este gobierno, sino en los anteriores, la ciudadanía cree que no hay un interés de las altas esferas por acabar con la corrupción en los centros penitenciarios”, expresó.
Por su parte, el ex presidente del Comité de Derechos Humanos, Roberto Troncoso, señala que es el mismo sistema el que permite que se registren actos de corrupción.
Destaca que todo empieza por los custodios y policías, quienes devengan salarios muy bajos y son los primeros en ser tentados por los ofrecimientos que hacen las personas detenidas, que de una u otra forma, tienen acceso a grandes sumas de dineros.
“No es que justifique a quienes cedan a la corrupción, sino que una persona que devenga un salario bajo, en el primer momento que tenga un problema en su casa, va a caer en las garras de los delincuentes que tienen recursos”, indicó.
El abogado manifestó que hay que empezar por capacitar adecuadamente a los custodios, ofrecerles un buen salario y luego hacer un cambio estructural de todo el sistema.
“No hemos avanzado todavía ni en la selección de los privados de libertad, dependiendo del delito cometido, lo cual debería haberse hecho hace años”, señaló.
Hace sólo unas semanas, el presidente Ricardo Martinelli dejó abierta la posibilidad de privatizar el sistema o de crear un patronato para la administración de las cárceles.
A juicio de Troncoso, la idea de un patronato no es mala, ya que se trabajaría con una visión abierta y se centrarían en fiscalizar y resolver el problema de la población penitenciaria.
“Todavía no se ha aplicado el Plan Maestro de Administración de Cárceles, con lo cual la ciudadanía no puede percibir que haya avance en esta materia”, dijo Troncoso.
Uno de los últimos informes sobre el sistema penitenciario panameño, preparado por la Defensoría del Pueblo, revela que el 51% de los detenidos es joven y además que el 64% está en espera de condena.
Combustible.
La encuesta, efectuada entre el 2 y el 6 de abril del 2011, con un margen de error de 2.8, también midió la percepción de la población sobre las medidas tomadas por el Gobierno para enfrentar el alza de la gasolina y el diésel.
En ese sentido, el 50% de los encuestados dijo estar en desacuerdo o muy en desacuerdo, 29% no se mostró ni a favor ni en contra, 17% apoyó la medida y un 4% no respondió.
El Gobierno congeló el precio del diésel y la gasolina de 91 octanos, por 90 días, pero la de 95 octanos sigue aumentando.
