Para Gabriel Pascual, presidente del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida, no existe una política de seguimiento paciente por paciente a nivel nacional, no saben cuántos han muerto, no hay atención para los encamados ni existe una planificación con los afectados.
Hay 60 pacientes encamados y no los visitan, a pesar de que requieren de mucha sensibilidad, en aspectos de psicología humana y médica, afirma el dirigente, quien perdió a su abuela y padre producto de la intoxicación.
Considera que la Ley 13 no debe reformarse, pues protege a todos: víctimas, que es el afectado y su familiar, pero según la CSS las víctimas son solo los positivos. “Es un concepto amplio, víctimas son los que han sufrido. La ley está bien hecha”, sustenta.
Plantea que procede reglamentarla y hacer un inventario de las medicinas que necesitan y que están fuera del cuadro básico.
El Comité ha propuesto una pensión vitalicia que mejore la calidad de vida de todas las víctimas, pero desdeñan la propuesta similar de la CSS porque no es fruto de un “estudio técnico completo macroeconómico”. Desconocen los criterios para los montos, no considera daño material, moral, pérdidas de oportunidad, cuánto dejaste de percibir, condiciones de vivienda, los gastos que tuvo la persona por muerte, daños materiales, psicológico, calidad de vida y lucro cesante, advierte Pascual.
