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Respetando el consenso conseguido entre autoridades, sobrevivientes y familiares, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer, en forma unánime, el proyecto de Ley 582 que otorga una pensión vitalicia a las víctimas de la intoxicación masiva por dietilenglicol.
La aprobación del documento, que tardó menos de diez minutos, contó con la presencia de un grupo de sobrevivientes del tóxico y sus familiares, quienes desde la discusión en primer debate se hicieron presentes en el palacio legislativo para garantizar que se respetara lo acordado.
El diputado panameñista Hugo Moreno, así como Elías Castillo, del PRD, al momento de explicar sus votos, reconocieron la lucha que han llevado estas personas por más de seis años en busca de justicia y un mejor trato por su condición especial, tras la tragedia que vivieron, luego que se vieran afectadas por la ingesta de medicamentos contaminados con dietilenglicol, los cuales fueron elaborados en el extinto laboratorio de producción de la Caja de Seguro Social.
La pensión vitalicia de carácter especial que se establece es de 600 dólares mensuales, suma que será revisada cada dos años.
En el caso de los viudos, cónyuges o compañeros de hecho de la víctima reconocida, tendrán derecho a seguir percibiendo la totalidad de la pensión, siempre que no tuvieren hijos menores de 18 años o de 25 que estén realizando estudios universitarios comprobados, o hijos inválidos mientras perdure la invalidez.
Se hace la salvedad de que para percibir la pensión se tiene que estar reconocida como víctima, un proceso que aún no ha sido completado, pues todavía faltan por ser certificados más de mil 500 expedientes, según informó el vocero de los afectados, Gabriel Pascual.
En el proyecto, que hoy será discutido en tercer debate, se hace énfasis en que las personas que hayan interpuesto denuncia deberán presentarse en un término no mayor de 60 días al Centro Especializado de Toxicología a entregar los resultados de sus exámenes para que sean remitidos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a fin de que esta instancia pueda continuar con la función de certificar quiénes reúnen los requisitos para ser declaradas víctimas.
