El robo de energía eléctrica por la práctica de las telarañas se ha convertido en un dolor de cabeza para las compañías generadoras Unión Fenosa y Elektra Noreste. La situación ha llegado a tal nivel, que ambas empresas han iniciado una campaña a través de las autoridades civiles, como corregidores y alcaldes, ya que el Ente Regulador de los Servicios Públicos no tiene competencia en esta materia, sino que debe seguir respetando las leyes vigentes.
Para el director del Ente, Carlos Rodríguez, las áreas más sensitivas son San Miguelito, Colón y La Chorrera, donde las conocidas telarañas han obligado a estas empresas a colocar cables especialmente fabricados, pero aún así los ciudadanos insisten en conectarse.
Rodríguez calificó el caso de Elektra Noreste como "muy grave". "Al principio de la privatización las pérdidas de Elektra en Colón por robos y pérdidas técnicas andaba por más del 30 por ciento".
Para ilustrar la gravedad de la situación puso como ejemplo que si Elektra vendiera en un año cien millones de dólares en energía, el 30 por ciento (30 millones de dólares) sería por robos.
Rodríguez considera que el problema es en parte cultural, ya que "la gente piensa que robarle a la empresa es lo que hay que hacer". Sustenta que en Chiriquí las pérdidas combinadas de tipo técnicas (hasta 10 por ciento) y no técnicas (más del 10 por ciento) no llegan al 10 por ciento. "No creo que se pueda decir que la gente de Chiriquí es más rica que la de Colón o San Miguelito", aseguró.
Explica que el robo por conexiones ilegales o telarañas se da cuando los precaristas invaden tierras, y, en algunos casos, porque los políticos estimulan las invasiones para ganar votos, y les prometen que les construirán calles, líneas telefónicas, servicio de agua potable y electricidad.
Según el gerente de Panamá de Unión Fenosa, Pablo Castrejón, el problema de las telarañas es manejable. Es más frecuente en el área Oeste en Arraiján, La Chorrera y Capira, donde hay tierras sin lotificar.
Castrejón considera que las autoridades deben interesarse por las áreas sin lotificar y ayudar en los trámites a quienes lo soliciten, porque de esta forma la compañía puede proceder a brindarles el servicio. Ellos, como empresa, asegura Castrejón, llevan varios años tratando con las comunidades para evitar los riesgos de muerte que producen estos cables expuestos en la tierra, producto de las telarañas.
Sobre este mismo tema El Panamá América intentó entrevistar a un representante de Elektra Noreste, pero manifestaron que convocarán una conferencia de prensa para hablar al respecto.
El gerente de Unión Fenosa, Pablo Castrejón explica que hay clientes que por su misma condición no se han legalizado porque no han querido, pero hay otros que han invadido tierras y están en proceso de conseguir la lotificación.
Frente a estos casos la empresa no les puede dar el servicio porque el área no reúne los requisitos tales como la existencia de una servidumbre para la instalación de los postes y no tienen trazadas las calles ni veredas. Entonces, explica, se visita las comunidades y se les indica que es necesario construir un muro donde se colocará el medidor y, posteriormente, la empresa desarrollará la obra que le corresponde.
Castrejón informó que el año pasado legalizaron a más de 3 mil clientes entre Arraiján, Capira y La Chorrera. "Estas áreas que fueron legalizadas al inicio tenían cables expuestos, había comercios que estaban ilegales y hasta murieron miembros de la comunidad", aseguró. En el área Oeste la empresa pierde aproximadamente B/. 36 mil mensuales por esta práctica, informó.
Entre mayo y este mes de junio prevén legalizar 1,500 clientes de estas áreas. En Arraiján citó a comunidades como La Cascada y Minas de Bique; en Veracruz, Costa del Sol y Chumical. En La Chorrera, Calle 8, El Chase, Nazareno, Naos, Potrero Grande y Progreso 1,2 y 3; Barriada Industrial y Campo Alegre y en Capira, Villa Rosario y Trinidad.
Una telaraña se forma cuando ya existe una red de distribución cerca y los ciudadanos se conectan al tendido eléctrico, a través de palos de bambú o de mangle, y de él hacen infraestructuras ilegales para obtener energía en las casas.
Castrejón expuso que para frenar esta práctica todas las semanas realizan recorridos para evitar que más clientes se adhieran a la red. "Es una rutina quitar telarañas", pero gracias a la comunidad, que las denuncia, les indica quiénes están robando energía en esas áreas.
Según el director del Ente, Carlos Rodríguez, hasta ahora no han aplicado ninguna norma que se le haga pagar esto como robo o como un delito a las personas, pero las empresas están acudiendo a las autoridades civiles para hacerlo.
Por su parte Pablo Castrejón, de Unión Fenosa, dijo que quienes insistan en mantenerse ilegalmente los van a llevar a las corregidurías para aplicar las debidas sanciones.
Castrejón dijo que acuden a las comunidades para conocer los nombres de las personas que hacen estas conexiones a quienes califica de inescrupulosas porque cobran por hacer estos trabajos que no son garantizados y ponen en riesgo la vida de terceros.
Castrejón no justifica estas conexiones ilegales porque si ya existe el tendido eléctrico, en uno o dos días de haber realizado la solicitud, se les puede instalar el servicio.
Según el Ente si los asentamientos se encuentran a una distancia menor de los 100 metros, es obligación de la empresa darle el servicio, de no ser así la ésta podría ser multada.
Las telarañas no sólo perjudican a las empresas o usuarios ilegales; afectan mayormente a quienes viven en esos sectores y tienen sus contratos legales. En estos casos, explica Castrejón, se producen daños como fluctuaciones de voltaje, daños en los electrodomésticos y situaciones anómalas. Si para los usuarios los daños además del orden material se traducen en pérdidas económicas, entonces al final de la ruta quién paga esas pérdidas.
A esta pregunta el director del Ente explicó que hay pérdidas aceptables y no aceptables. Las pérdidas aceptables son las técnicas, que andan por el 10 por ciento. Se consideran pérdidas técnicas aquéllas que no se pueden evitar. Por ejemplo todos los artefactos eléctricos convierten la energía en luz o en otra forma, pero en esa transformación se da una pérdida. También en los alambres del tendido eléctrico que se calientan y esa energía no es recuperable, explicó Rodríguez.
Sobre las pérdidas no aceptables son aquéllas que superan el 10 por ciento y que se producen por robo de energía de los usuarios y las empresas deben absorberlas.
Rodríguez manifestó que por esta situación las empresas presentan sus quejas para que al momento de estructurar sus tarifas se les amplíe el porcentaje de pérdidas oficialmente aceptadas, porque de lo contrario deberán asimilarlas en sus presupuestos.
"Esa es la razón principal para que ellos la presenten al Ente"; de lo contrario los clientes pagarían las pérdidas por robo y las empresas estarían exentas de buscar mecanismos para evitar los robos.
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