El magistrado presidente de la Corte, César Pereira Burgos, presentó ayer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pidió la aplicación de medidas cautelares que impedirían la instalación de Esmeralda Troitiño en su reemplazo.
José Salvador Muñoz, representante legal de Pereira Burgos, dijo que interpuso el recurso luego que la Asamblea Legislativa ratificara a Troitiño, a pesar de haberse presentado un amparo de garantías constitucionales.
Muñoz, quien aseguró que Pereira Burgos se presentará hoy a su puesto de trabajo, sostuvo que el recurso tiene la intención de dejar en evidencia las intenciones del Gobierno de deshacer al Sistema Judicial.
Informó que en la mañana de hoy la Corte debe proceder al reparto del amparo de garantías presentado el viernes y que el magistrado a quien se le asigne el recurso, deberá pedir un informe al Ministerio de la Presidencia y a la Asamblea Legislativa y dejar en suspenso la ratificación de Troitiño.
Planteó que con la denuncia presentada ante el CIDH se pone en movimiento todo un engranaje internacional que verificará el intento del Gobierno de descabezar el Organo Judicial.
Sin embargo, una fuente oficial reveló que Troitiño será juramentada hoy y que luego se dirigirá a la Corte con agentes del Servicio de Protección Institucional para tomar posesión.
En tanto, el magistrado Arturo Hoyos acusó a su colega Graciela Dixon de ser amiga íntima de Pereira Burgos y que por esta causa deberá declararse impedida de conocer sus casos.
En una carta enviada ayer por Hoyos a Dixon, éste rechazó por infundadas las acusaciones públicas que la última le formuló de que haya afectado el funcionamiento de la Corte por su negativa a reconocer a Pereira Burgos.
Señala que la semana pasada decidió junto al magistrado Fábrega no comparecer al Pleno citado para ese día, ya que con anterioridad habían presentado un recurso de apreciación de legalidad contra dicha convocatoria.
Alega que en ese caso se debió llamar a sus suplentes, ya que existe un acuerdo que establece que el Pleno no puede sesionar con menos de siete magistrados y no responsabilizarlos de la falta de quórum.
También criticó duramente la decisión asumida por algunos de sus colegas, entre ellos Dixon, que negaron un amparo de garantías constitucionales a favor del Banco de la Nación Argentina, que fue embargado por B/.32 millones, sin ser oído en juicio, procesado o condenado.
Según Hoyos, esta sentencia es el peor precedente de la jurisprudencia nacional en materia del debido proceso.
