"Como fiscalizador del país tengo todo el derecho de acusar a quien haya violado los principios, a quien se haya apropiado de una manera u otra de los patrimonios del Estado", respondió el contralor Alvin Weeden a Ernesto Pérez Balladares.
El ex mandatario a quien le fueron cautelados parte de sus bienes, acusó al contralor de violar el principio de presunción de inocencia y de extralimitarse en sus funciones.
Pero el contralor definió la actitud de Pérez Balladares como "un acto de desesperación". "Como no puede probar su inocencia, entonces se ha ido con insultos personales", afirmó el contralor de la República.
Sobre las investigaciones a la empresa Ports Engineering and Consultants Corp. (PECC), el contralor Weeden explicó que ya se entregaron parte de las pruebas a la Procuraduría de la Nación.
"Le estamos remitiendo el informe preliminar de auditoría que está por terminarse en los próximos días, de manera que el Ministerio Público continúe con su labor penal", dijo.
"En el ámbito patrimonial continuamos entonces con nuestro proceso. Las investigaciones continuarán hasta que esclarezcamos algunos puntos, como el del otro accionista, que tiene el 7.5% de las acciones de PECC", reveló.
El contralor afirmó que tiene indicios de quién es el accionista, pero prefirió mantener en reserva el nombre. No obstante, dijo a El Panamá América que buscan las pruebas de la vinculación del accionista con las personas que están detrás de él.
Se conoció que la persona está prestando su nombre, por lo que se indaga a fondo para conocer quiénes son los beneficiarios finales del producto del 7.5% de las acciones que "faltan".
Los socios minoritarios de Ports Engineering and Consultants Corp. (PECC) son: Charles Jumet, con el 10%; John Webster Warwick, con el 10%, y tres socios con acciones al portador, que representan el 20% de las acciones, repartidas así: 7.5%, 7.5% y 5%. El 30% de las acciones de PECC son de Soderville Corp, la cual según los señalamientos del contralor está relacionada a Hugo Torrijos, y Warmspell Hollding Corp. con el otro 30%, a la cual se vincula a Rubén Reyna, según los informes del Banco Continental y Banco de Iberoamérica, respectivamente.
"Está muy claro que estamos haciendo nuestro trabajo de acuerdo con la Constitución y la ley. Lamentablemente para quienes cometen los delitos contra el patrimonio del Estado y se le piden cuentas, siempre tienen una excusa", argumentó Weeden.
Sobre las quejas de extralimitación de funciones hechas por Pérez Balladares, señaló que "yo soy el contralor, yo soy el que investiga, yo soy el que tengo que formular cargos, yo soy el que tengo que acusar; entiende muy mal la presunción de inocencia y otro de los sindicados que andan con ese estribillo".
Dijo que para la Contraloría no hay presunción de ninguna naturaleza, simplemente hay evidencias que se presentan que señalan y sindican a una persona, y ello es parte de su deber y de su trabajo.
Explicó que los magistrados de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial son quienes juzgarán el acto y ellos no han hecho ninguna declaración, pues son los jueces. "Yo presento los cargos contra las personas implicadas y ese es mi deber como fiscalizador del país", explicó.
Ante las declaraciones de Pérez Balladares, a través de un vídeo pregrabado en donde criticó las investigaciones en su contra por el contralor de la Nación, el legislador oficialista José Blandón expresó que "dejaron decepcionadas a muchas personas, porque se había despertado una gran expectativa y no dijo nada que realmente aportara a la discusión".
Indicó que siguen las dudas con respecto al porqué "recibió el cheque correspondiente a los dividendos del propietario del 7.5% de acciones de la empresa PECC, que se había beneficiado con una concesión multimillonaria" durante la administración de Pérez Balladares.
El ministro para Asuntos del Canal de Panamá y ex administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Jerry Salazar, negó tener algún vínculo con Eduardo Cummings, a quien según Charles Jumet, accionista de la empresa PECC, señala como el intermediario que le solicitó la suma de B/. 300,000 anuales a cambio de no interferir en las operaciones de la empresa.
Salazar negó que Cummings fuera funcionario durante su administración y agregó que éste laboró en la Autoridad Portuaria Nacional (APN) durante la época de los militares.
Manifestó que está dispuesto a declarar en el marco de las investigaciones que adelanta la Contraloría General y el Ministerio Público.
Destacó que ni el contralor Weeden, ni ninguna otra autoridad le ha solicitado una declaración acerca de las investigaciones sobre irregularidades en un contrato con la nación, caso en el que se ha vinculado a los ex directores de la AMP, Rubén Reyna y Hugo Torrijos, así como al ex presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares.
