Muy por encima del promedio de iniciativas o propuestas legislativas que tuvieron la mayoría de los 72 legisladores durante los últimos cinco años, el presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares aprobó durante su mandato por lo menos 25 decretos-leyes.
Para la aprobación de esta norma, el mandatario hizo uso de la prerrogativa que establece la Constitución Nacional en su artículo 153, numeral 16 que dispone como una de las funciones de la Asamblea Legislativa otorgar esta potestad, siempre y cuando, el mandatario la solicite.
La mayoría de los legisladores, tanto de gobierno como de oposición, han presentado muy pocas iniciativas legislativas, incluso un número significativo no presentó ninguna.
Durante los cinco años de gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la Asamblea Legislativa otorgó a Pérez Balladares la potestad de legislar por medio de decretos-leyes en cinco oportunidades distintas, en las cuales aprobó por lo menos 25 normas distintas que todavía no han sido revisadas por la Asamblea Legislativa.
Aunque la Constitución Nacional establece esta posibilidad, los presidentes anteriores no habían hecho uso de este derecho.
En los últimos días de 1995, Pérez Balladares presentó por primera vez a la Asamblea Legislativa la solicitud para legislar por medio de decretos, la cual fue aprobada de manera expedita y se convirtió en Ley de la República el 2 de enero de 1996 fecha en que se publicó en la Gaceta Oficial.
Mario Quiel, legislador opositor, quien está en desacuerdo con que se otorguen estas facultades extraordinarias, sostiene que la Asamblea Legislativa cada vez que las aprueba renuncia a su principal función constitucional que es justamente la de legislar.
Roberto Abrego, miembro del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno que aprobó en primer debate cada uno de los proyectos que le otorgaban las facultades extraordinarias al mandatario, dijo que esta potestad se otorgó sólo para temas eminentemente técnicos que, por su naturaleza, era preferible que los abordara el Ejecutivo.
Mientras que el opositor, Alberto Cigarruista, recalcó que cada vez que se han otorgado estas facultades extraordinarias se ha violado la Constitución, que dispone que cuando el presidente haga uso de esta prerrogativa debe remitir a la Asamblea Legislativa, en el período de sesiones inmediatamente siguiente, todo lo aprobado para que se revise y se legisle al respecto.
Reveló que hasta el momento él no conoce que ninguno de los decretos leyes aprobados por Pérez Balladares haya sido discutido ante el pleno legislativo.
Sin embargo, la secretaría general informó que cada uno de los decretos leyes aprobados han sido remitidos a las respectivas comisiones y que depende de los miembros de estas instancias decidir si se discute o los revisa.
El primer año que le otorgaron facultades extraordinarias, Pérez Balladares creó por decreto ley la Ventanilla única para negocios extranjeros, se establecieron las normas que regulan las relaciones laborales en las zonas procesadoras y se redactó la disposición para el establecimiento de las zonas procesadoras en todo el territorio nacional.
Durante enero de 1997 el mandatario aprobó cuatro decretos leyes, uno para modificar la Ley bancaria, se dictó el marco regulatorio para la prestación del servicio de agua potable, se modificó la Ley de las zonas procesadoras y se creó la norma para la formación dual de aprendices.
A mediados de ese mismo año y por ese mismo método se modificó la Ley bancaria, se reorganizó el Consejo Económico Nacional (CENA), se aprobó el contrato para la privatización del Ferrocarril, se modificó la Ley de Sociedades Anónimas, se creó la Dirección General de Tesorería en el Ministerio de Hacienda, se crearon los días puentes y se estableció el régimen especial de reestructuración del Casco Antiguo.
En el mes de enero de 1998 una vez más el presidente volvió a hacer uso de las facultades extraordinarias y por medio de decretos- leyes estableció otras normas relativas a la Ley bancaria, la Ley de promoción turística, se creó la Autoridad Marítima, se reestructuró la Junta de Control de Juegos, se estableció el marco regulatorio para la prestación del servicio de electricidad, se modificó el Código Fiscal, se creó el reglamento de trabajo en el mar, se ordenó la creación de la Dirección General de Auditoría y Fiscalización del Ministerio de Hacienda y Tesoro y aprobó el contrato de la Ciudad del Saber.
Para los últimos meses de su gobierno, Pérez Balladares aprobó por decreto ley la creación de los Tribunales de comercio, la Ley de arbitraje, se creó la Comisión Nacional de Valores, se transfirieron los Archivos Nacionales y la Gaceta Oficial al Registro Público, se creó el marco legal para regular la profesión de Corredores de Bienes Raíces y se redactó la Ley Orgánica del Servicio de Protección Institucional (SIP).
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