Ernesto Pérez Balladares se convertirá en el primer ex presidente de la República que será sentado en el banquillo de los acusados. El Juzgado Noveno de Circuito Penal fijó para el próximo 11 de abril la audiencia en su contra por el presunto delito de blanqueo de capitales.
El juez noveno, Diego Fernández, dirigirá la audiencia preliminar que comenzará a las 8:00 a.m. en contra del ex mandatario y otras 14 personas.
Mientras que la fecha alterna para la audiencia se fijó para el 24 de mayo a las 9:00 a.m.
Aparte de Pérez Balladares, irán a audiencia su yerno, Enrique Pretelt Araúz; su ex ministro de Vivienda, Roosevelt Thayer; sus ex asistentes Rómulo Abad y Ricardo Caputo; Henry Mong Woo, Vicente Calderón, Adelio Green Navarro, Saideth Ortiz, Carlos González Carrasquilla, Jaime Espino Díaz y su hija Jennifer Espino Mora.
Estas personas son acusadas porque figuran en sociedades anónimas vinculadas a Pérez Balladares. El Juzgado asignó cinco defensores de oficio para que actúen en caso de que los abogados de los acusados no se presenten.
“Quiero decir la verdad”.
Pérez Balladares reaccionó y sostuvo que afortunadamente ya se fijó una fecha para la audiencia, porque tiene muchos deseos de decir la verdad, no solo al Órgano Judicial, sino ante el pueblo panameño.
Aseguró que “evidentemente” sigue la persecución en su contra, pero afirmó que espera que el Órgano Judicial actué en derecho.
El ex gobernante indicó que acudirá a la audiencia, porque tiene confianza en las instituciones de este país.
Mientras que el abogado de Pérez Balladares, Luis Carlos Cabezas, manifestó que la Fiscalía no ha aportado suficientes elementos al expediente para llamar a juicio a su cliente.
Agregó que en cambio la defensa de Pérez Balladares ha suministrado suficientes pruebas para que la justicia, en estricto derecho, determine su inocencia.
El expediente.
Según la vista fiscal enviada por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado al Juzgado Noveno, ninguno de los imputados logró justificar por qué recibió dinero o firmó cheques por sumas que sobrepasaron los 20 millones de dólares procedentes de Lucky Games S.A., empresa que en el gobierno de Pérez Balladares se benefició con una concesión directa para administrar y operar salas de máquinas tragamonedas.
Las investigaciones fueron iniciadas por el actual procurador general de la Nación, José Ayú Prado, y las continuó el fiscal contra el crimen organizado, Marcelino Aguilar.
En enero del año pasado, Pérez Balladares estuvo bajo arresto domiciliario. Luego esta medida cautelar fue modificada por una obligación de presentarse ante la Fiscalía los días 15 y 30 de cada mes y una prohibición de salida del país sin permiso judicial.
