El procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, dejó entrever que el anterior gobierno de Ernesto Pérez Balladares no respaldó en 1997 un informe que recomendaba la creación de un organismo que tenía como tarea primordial, prevenir, controlar y combatir la corrupción.
222El procurador Sossa explicó que el proyecto se aprobó el año pasado en la Asamblea.
Durante una ponencia titulada "Experiencia Panameña en la Lucha Contra la Corrupción" que dictó en Perú, Sossa explicó que en septiembre de 1996 designó una comisión interinstitucional integrada por funcionarios del Ministerio Público y de la Contraloría General para enfrentar el problema de la corrupción.
Agregó que esta comisión presentó un programa para prevenir, controlar y combatir la corrupción, con el objetivo de que sirviera de marco de acción al Estado panameño con la perspectiva de una visión nacional consistente en lograr mayores niveles de crecimiento y promover la inversión local y extranjera.
Destacó que estos resultados fueron presentados a consideración de las autoridades nacionales en 1997 con el convencimiento que contribuirán a combatir la corrupción, pero el Ejecutivo expuso razones presupuestarias para no ejecutar el programa.
Destacó que había "sectores insanos que veían con preocupación la lucha contra la corrupción de manera coordinada entre la Contraloría General y el Ministerio Público".
A juicio de Sossa, el trabajo que realizó esa comisión no se hizo en vano, pues en base al estudio se plasmó un proyecto de ley que fue presentado a la Asamblea Legislativa y que se convirtió posteriormente en ley de la República en julio del año pasado.
Sossa indicó que la Ley 39 de julio del 2001 se aprobó a pesar de que se hicieron algunas objeciones a dos artículos relacionados con la imprescriptibilidad de la acción penal y el que designaba a la Procuraduría General como "autoridad central" para coordinar la asistencia y cooperación internacional.
El Ministerio Público investiga desde hace dos meses, uno de los casos de corrupción que más ha estremecido a la clase política del país, al estar involucrados algunos legisladores.
El proceso se abrió luego que un legislador denunciara un caso de soborno por los directivos de un consorcio, para que se aprobara un proyecto que debía ser considerado en la Asamblea.
