El director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, aseguró que no presentó ningún recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que se le pagaran sus salarios caídos, tras su destitución de las Fuerzas de Defensa en 1990.
Pérez, quien fue investigado por, supuestamente, planificar el secuestro de unos estadounidenses, dijo que lo más importante para él era limpiar su nombre y demostrar que era inocente. El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, firmó un decreto para el pago de más de 123 mil dólares por salarios caídos, a Pérez, pero días después aseguró que había sido un error.
