HA resultado positivo que en las reformas al Código Penal y Procesal Penal se hayan disminuido las sanciones en materia de calumnia e injuria, destacó la secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana pro Justicia, Magaly Castillo.
Según Castillo, el ejercicio responsable del periodismo no puede ser coartado y con la norma tal como se presentó en el documento original, se limitaba la capacidad de los medios de comunicación para denunciar.
Dijo que así como los periodistas defendieron su derecho a informar, no se deben descuidar temas que son de gran trascendencia, como el de los menores de edad que delinquen, la corrupción, la criminalidad en general, entre otros aspectos.
Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE), Luis Polo Roa, consideró que tal como se presentó la nueva propuesta se evidencia que existe un interés de contribuir con la libertad de expresión en Panamá.
No obstante, mostró inquietud al observar que se dieron varios cambios a la propuesta presentada por los periodistas, entre éstos: la libre interpretación del honor y la dignidad, pues se trata de un aspecto "muy subjetivo".
"Esa parte es muy delicada y tendremos que retomarla en la Asamblea Nacional, cuando el documento se presente ante este Órgano del Estado", agregó Polo Roa.
La reforma mejorada establece que las sanciones contra la dignidad, honra o decoro serán de 60 a 120 días multas, anteriormente era de seis meses a un año de prisión.
Quien atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho punible, será sancionado con 90 a 180 días multas. La ley anterior sancionaba este delito con pena de uno a dos años de prisión.
Se establece que no constituirán delito contra el honor las discusiones, preguntas, críticas y opiniones sobre los actos u omisiones de los servidores públicos, así como las denuncias relativas al ejercicio de sus funciones públicas. Así como la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional.
Además, la reproducción fiel de información por cualquier medio, aun en los casos en que la información reproducida no sea verdadera o correcta. En este supuesto, la fuente que ofrece la información responderá por los delitos previstos en los artículos 212 y 213 según el caso y las informaciones que hayan sido rectificadas o aclaradas voluntariamente.
En cuanto a la profesión periodística, se plantea la protección de la libertad de expresión, que es un derecho de todo ciudadano.
Se considera importante, además, el respecto a los derechos humanos de los que ejercen esta labor.
También se establece la protección de los periodistas y los medios de comunicación.
Periodismo no puede ser coartado, Castillo
La despenalización de los delitos de calumnia e injuria fue una de las peticiones que hicieran gremios periodísticos.