Aunque admiten que hubo avances al aprobarse un Código Penal en donde se despenaliza la calumnia e injuria cuando los supuestos afectados son servidores públicos de jerarquía, representantes de gremios periodísticos pedirán al presidente Martín Torrijos que vete parcialmente el proyecto aprobado.
Esto tras señalar que se mantienen normas que representan una amenaza a la libertad de expresión.
Para el periodista Jean Marcel Chéry, del Frente por la Defensa de la Libertad de Expresión, faltó la eliminación del Artículo 164, donde se establecen sanciones de 200 a 500 días multa o arresto de fines de semana para quien publique algún tipo de correspondencia que, aunque puede ser de carácter privado, esté vinculado a temas de interés público.
Chéry elogió que se haya acogido otra propuesta de los periodistas en donde se admitía la sanción penal para la persecución o seguimiento contra una persona, pero cuando esta tuviera fines ilícitos.
Pero dijo que se irrespetó el acuerdo entre diputados y periodistas en el Artículo 425 (ahora 420), donde se pedía aplicar la sanción penal si la información restringida de la que habla el artículo, representaba un peligro real para la seguridad del Estado.
Chéry precisó que sí hay un peligro para los periodistas, especialmente para quienes escriben información sobre los estamentos de seguridad, porque a su juicio, toda la información relacionada con éstos puede ser considerada como información referente a la seguridad del Estado.
Indicó que la lucha seguirá pidiendo el veto presidencial parcial a este proyecto y enfatizó que el responsable de la aprobación de estos artículos ahora es el presidente Torrijos.
"Responsabilizamos al presidente de la República si estos artículos se convierten en ley de la República", advirtió.
"Eso es un absurdo", dijo, aduciendo que "en el famoso tema del enriquecimiento ilícito no es cierto que se han disminuido las penas, sino que se mantienen las mismas que están establecidas en la norma vigente, y que en su sentido agravado va hasta 10 años de prisión".
"Esos que plantean excesos, están jugando con la estabilidad política del país, porque para ellos sería ideal un artículo donde se dijera que es delito ser funcionario público", argumentó.
La reducción de las penas para los delitos de enriquecimiento ilícito no fueron los únicos cambios cuestionados durante la aprobación de este proyecto.
También se criticó el que sean beneficiados con prisión domiciliaria las personas condenadas que superen los 70 años de edad, independientemente del tipo de delito que haya cometido.
Inicialmente, la Comisión Codificadora proponía esta medida para aquellos casos de personas condenadas cuyas penas no superaran los cinco años de prisión, pero ahora quienes hayan cometido hasta homicidios y peculado por sumas millonarias, serían beneficiados.
Llamó la atención que los diputados acortaron el periodo para la prescripción de la pena privativa de la libertad, que en el Código Penal vigente señala que equivale al doble de la pena que está señalada en la sentencia.
En el proyecto, aprobado ayer, se estableció nuevamente que la prescripción será el equivalente a un término igual al de la pena señalada en la sentencia.
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