Un proyecto de ley que aumenta en un 0.5% el Seguro Educativo que pagan los empleadores por cada uno de los trabajadores que laboran en sus compañías, propuso ante el pleno de la Asamblea Legislativa, Carlos Smith, legislador del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
A través de la misma propuesta se elevaría del 2.75% al 3.25% el monto que tendrían que aportar los trabajadores independientes de sus ingresos anuales.
Según el proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa, el monto que deberán pagar los empleadores se elevaría del 1.5% al 2.0% del salario de los trabajadores de los sectores público o privado.
Dispone el proyecto que todos los trabajadores nombrados por contrato o por servicios profesionales, también tendrían que aportar al seguro educativo a razón de 3.25% de sus ingresos anuales
El aporte de los trabajadores se mantendría igual a lo que se paga actualmente, es decir seguirían pagando el 1.25% de los salarios básicos recibidos.
Felipe Rodríguez, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), dijo que estarían en desacuerdo con un alza de este impuesto, sin que antes se revele en realidad en qué se invierten los ingresos que recibe el gobierno por este aporte.
Indicó que primero hay que hacer una reestructuración total del sistema educativo, para evitar que las empresas sigan recibiendo estudiantes que son un "producto mediocre".
A manera de ejemplo, citó a los colegios técnicos que gradúan jóvenes educados con una maquinaria antigua que no está de acuerdo con la realidad actual y al momento que se presentan a una empresa a trabajar hay que volver a reentrenarlos porque no conocen el uso de la tecnología actual.
El proyecto de ley dispone que el 15% de los ingresos que obtiene el gobierno en concepto de pago de Seguro Educativo, sería utilizado para sufragar los gastos de comedores escolares de las escuelas primarias oficiales.
El 20% de los ingresos se destinaría a los gastos que las escuelas secundarias anteriormente sufragaban con el pago de la matrícula, mientras que el 65% restante se distribuiría para la formación profesional, sindicatos, cooperativas, educación agropecuaria, becas y préstamos educativos para financiar estudios.
