La polémica entre un grupo de empresarios dedicados a la publicidad exterior y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), por la reubicación de vallas publicitarias, quedó sin resultados inmediatos.
A pesar de que ya venció el plazo, el pasado 15 de abril, para que dichas empresas removieran sus infraestructuras, ubicadas en la servidumbre pública, no se han aplicado sanciones.
La Resolución AL-002-11 de 6 de enero del 2011, que ordenó la remoción inmediata de las estructuras, pasó inadvertida para un grupo de empresarios que incumplen la medida.
En el MOP aceptan que a pesar de que han pasado dos meses, desde el vencimiento del plazo, no se han aplicado sanciones; sin embargo, advierten que estas empresas –en desacato– están sujetas a sanciones que van hasta los 100 mil dólares en multas.
“Estamos en la etapa de identificación de las vallas que se encuentren instaladas ilegalmente”, aseguró la secretaria general del MOP, Mitzila Espino.
La funcionaria detalló que una vez termine el proceso de identificación, que podría ser a finales del mes de junio, se iniciará el proceso de sanciones con la aplicación de multas y su cobro a través de la jurisdicción coactiva que posee la institución.
Espino añadió que la identificación de las vallas ilegales dependerá de su ubicación, ya que no existe una medida estándar en la ubicación de la servidumbre pública.
Por su parte, el gerente de la empresa Mantenimiento y Publicidad S.A. (MYPSA), Pedro Campagnani, lamentó que de manera irresponsable se haya incumplido la ejecución de la resolución, solo para favorecer a empresas que se resisten a salir del mercado.
“Nosotros tuvimos que invertir más de 30 mil dólares en la remoción de nuestras vallas, lo que evidentemente se trata de un impacto negativo... nos parece una burla”, destacó Campanagi.
En tanto, Martín González, asesor legal de la Unión de Productores de Publicidad Exterior (UPPEX), reiteró que el interés de las autoridades es sacar del mercado a pequeños empresarios, sin el mínimo reparo para favorecer a los allegados al Gobierno.
“No será novedad que dentro de un par de meses salgan nuevos empresarios amigos de la administración actual”, manifestó.
Para González, la idea de acabar con una “supuesta” contaminación visual no es más que una excusa para favorecer a un grupo”.
El asesor de UPPEX trajo a colación las recientes declaraciones del arzobispo José Domingo Ulloa, quien se refirió a los niveles de corrupción que existen en las instituciones del Estado. “Estamos frente a un mar de corrupción y en eso tiene razón monseñor Ulloa”, dijo.
En tanto, la gobernadora de Panamá, Mayín Correa, llamó la atención a los alcaldes para que no emitan permisos de vallas publicitarias en áreas públicas. “Ellos están claros en eso, es más... firmaron un acuerdo sobre esto cuando recién llegamos a esta gobernación”, dijo Correa.
En la Alcaldía de Panamá informaron que periódicamente se realizan operativos para derribar vallas ubicadas ilegalmente.
En los municipios de Arraiján, La Chorrera, Capira, San Carlos y Chame los alcaldes coincidieron en que la aplicación de la resolución afectará las arcas de los gobiernos locales al no recibir ingresos mensuales que superan hasta los 30 mil dólares mensuales dependiendo del distrito.
