La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su última Asamblea General, debatió la situación de América Latina y determinó que a pesar de transcurrida más de una década desde que se puso fin al Gobierno militarista en Panamá, "todavía continúan vigentes muchas disposiciones legales que afectan la libertad de expresión y de prensa".
"Peor aún, recientemente se aprobó una ley que limita gravemente el acceso de los periodistas a la información pública, en base a criterios subjetivos. Pero las leyes, aunque lesivas a la libertad de prensa, son apenas parte del problema. Predomina en el Ministerio Público y en el Organo Judicial una actitud hostil hacia los medios de comunicación social y hacia los periodistas, en abierta violación al artículo 13 de la Convención Americana sobre derechos humanos", indica la Resolución de la SIP sobre Panamá y América Latina.
Agrega que se han propuesto en la Asamblea Legislativa varios proyectos de ley sobre distintas materias de interés para los periodistas, entre los cuales, hay uno que procura reglamentar adecuadamente la facultad de imponer sanciones sin juicio previo, en tanto que otro, quiere establecer el libre acceso a la información pública y también se pretende hacer más estricto el derecho a réplica.
Igualmente señala que recientemente, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago A. Canton, recomendó que se despenalicen en Panamá los delitos de calumnia e injuria y que se promulguen leyes sobre acceso a la información y "habeas data".
Según el documento de la SIP, entre los hechos más relevantes que afectan la libertad de prensa en Panamá, están la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, de un proyecto de Ley sobre el estatuto orgánico de la Procuraduría de la Administración y el procedimiento administrativo en general.
"A pesar de que se le pidió a la presidenta de la República que no sancionara el proyecto por considerar que atenta contra el derecho a la información pública, lo firmó y ordenó su publicación, convirtiéndose en la Ley 32 del 2000", subraya la Resolución.
El documento incluye que el 9 de mayo pasado, el director del diario El Universal, Carlos Ernesto González de la Lastra, convocó a una conferencia de prensa en la cual anunció su renuncia del cargo aduciendo presiones de la presidenta de la República sobre la junta directiva del periódico.
"En ella anunció que denunciaría el caso ante la Sociedad Interamericana de Prensa, cosa que no ha hecho, ni hará, porque las acciones mayoritarias de ese diario cambiaron de propietarios y González de la Lastra ha sido restituido en su antigua posición", destaca el pronunciamiento de la SIP.
Igualmente, puso de manifiesto la detención por ocho días inconmutables del director del diario El Siglo, por haber publicado declaraciones de un abogado que cuestionaba al Procurador General de la Nación, y que fue considerado como una ofensa en su honor, procediendo al allanamiento del rotativo, sin tener facultad alguna para hacerlo, particularmente porque se trata de un asunto que le atañe directa y personalmente, por lo cual "no puede actuar como juez y parte".
"Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia ratificó la orden de detención dada por el Procurador y el director del diario El Siglo fue privado de la libertad por ocho días", indica el documento.
En lo concerniente a las leyes de desacato en América Latina, la Resolución de la SIP, determinó "exhortar a los gobiernos y congresos cuyas legislaciones contengan las leyes de desacato a presentar proyectos de ley encaminados a derogar en forma expresa dichas leyes de desacato", y "solicitar a los jueces de los países en donde existan las leyes de desacato la adopción y aplicación del estándar legal de la malicia real frente a las acusaciones en contra de los periodistas y medios por la libre crítica a los funcionarios públicos.
Asimismo, la Asamblea General de la SIP, resolvió "respaldar y promocionar la declaración interamericana en defensa y reafirmación de la libertad de expresión elaborada por la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión", así como "continuar en el marco del proyecto de Chapultepec con la defensa y promoción de la libertad de prensa, expresión y el derecho a la información, y proseguir con todas las acciones a favor del objetivo de que la Declaración de Chapultepec sea asumida y legitimada como una convención y/o declaración internacional".
